Un enorme escándalo se ha descubierto en Argentina y la Justicia investiga a organizaciones piqueteras – afines al kirchnerismo- por extorsión a beneficiarios de planes sociales. La causa está en manos del juez Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita.
En esta etapa de la investigación, la Justicia avanzará con el análisis de los elementos que se secuestraron en las 27 propiedades ligadas a las organizaciones sociales: desde celulares hasta cuadernos con planillas de asistencias a las marchas, hojas con planillas de castigos y libros contables. Según pudo saber TN, uno de los investigadores dio con un excel que podría ser clave en el caso y demostraría que al menos en el Polo Obrero (PO) existía una organización extorsiva y que los aprietes no se trataban de casos aislados de dirigentes.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se refirió a las denuncias contra las organizaciones sociales por extorsión a beneficiarios de planes sociales. “Fue incesante la cantidad de denuncias que tuvimos. Tenemos 160 mil”, aseguró la funcionaria en el programa ¿La Ves? en TN.
Las organizaciones sociales denunciadas recibían el dinero estatal para volcarlo a las personas carenciadas inscriptas en los planes de ayuda como el plan “Potenciar trabajo”, entre otros, pero “sancionaban” a su antojo a quienes no concurrían a las marchas contra el gobierno y les quitaban sus derechos y no les entregaban la ayuda económica del Estado.
Bullrich acusó al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner por el desastre. “Las organizaciones sociales fueron apadrinadas por el kirchnerismo y terminaron siendo una herramienta de extorsión a la gente, que creía que la única manera de vivir era esperando la dádiva”, explicó Bullrich.
La corrupción descubierta involucra a referentes de Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha. Pero los más perjudicados son los del Polo Obrero. Entre los principales implicados se encuentran los dirigentes Jeremías Adrián Cantero, Jorge Antonio Rosas, Lesli Castillo, María Dotti, Nilsa Torres y Lorenzo Martelli. Los allanamientos en sus casas particulares y lugares donde supuestamente funcionan comedores comunitarios arrojaron evidencia contundente de la magnitud del fraude, según informó el canal de noticias TN.
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