El nuevo gobierno de Argentina descubrió un enorme fraude en el reparto de alimentos por parte de grupos piqueteros a carenciados. Amparados por la anterior administración de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, los dirigentes sociales extorsionaban a personas vulnerables, obligándoles a ir a las marchas de protesta y de no hacerlo, les quitarían los beneficios que en realidad otorgaba el Estado.
A consecuencia de estos actos de amenazas y extorsión, el juez federal, Sebastián Casanello, ordenó la inhibición de bienes del dirigente piquetero Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, citado indagatoria en el marco de la causa que investiga una presunta administración fraudulenta de los bienes que el Estado entregó a la agrupación piquetera por el Plan Potenciar Trabajo.
Según informó el diario La Nación, Belliboni fue llamado a indagatoria, acusado de irregularidades en el manejo de fondos recibidos del Estado. El juez sospecha que se disfrazaron gastos y que se desviaron fondos para solventar actividades políticas.
De acuerdo con los expedientes que presentó en la causa el gobierno nacional, el Polo Obrero recibió entre 2020 y 2023 unos $360.000.000 (equivalentes a 1.650.000 dólares, según los cálculos de los investigadores, que consideraron el valor del dólar blue a la fecha de cada factura) y solo rindió el 30% de esos fondos. Pero además, parte de lo que sí rindió lo justificó con facturas que para la Justicia está claro que son falsas.
Ahora, el mismo magistrado Casanello, ordenó al Ministerio de Capital Humano a avanzar en la repartición de los alimentos , aludiendo a la sensible situación social reflejada en estudios y “De cara a ese colectivo que sufre de modo acuciante inseguridad alimentaria y sobre quien pesa el costo de la parálisis denunciada, aparece la necesidad de la adopción urgente de una acción positiva”, afirmó el magistrado.
Desde el gobierno dicen que el juez no toma en cuenta es que una auditoria actual demostró que de los 3.385 comedores públicos revisados y que supuestamente operaban bajo el programa “Argentina contra el Hambre”, plan del gobierno anterior solo funcionaba la mitad (52,3%) y nadie controlaba nada. Por otro lado, los funcionarios auditores afirmaron que en el 16% de los casos en la dirección declarada nunca funcionó un comedor o merendero, sino que se trata de viviendas particulares.
En un comunicado, el Gobierno señaló que “el pedido del juez es un avance ilegítimo de la justicia sobre la democracia que viola la división de poderes”, y advirtió que “no se van a entregar alimentos a comedores inexistentes para que queden en manos de las organizaciones extorsivas”
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La decisión del Poder Ejecutivo se inscribe en el marco de una cruzada abierta contra las organizaciones sociales que fungen de intermediarios entre el Estado y los sectores vulnerables. Calificados por funcionarios públicos como “gerentes de la pobreza”.
