Tras la grave denuncia del sindicato de Funcionarios Públicos Manos Limpias, que acusa a Begoña Gómez, la esposa del presidente Pedro Sánchez de tráfico de influencias para beneficiar a distintos empresarios, el jefe de gobierno español ha montado un circo para victimizarse, según opinan analistas, amenazando con reflexionar sobre si debe o no renunciar a su cargo.
De acuerdo a lo que informa OKDIARIO, la denuncia de Manos Limpias fue presentada por su presidente Miguel Bernad el pasado 9 de abril y en ella afirmaba que Begoña Gómez, «prevaliéndose de su estatus personal, esposa del presidente del Gobierno de España, ha venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas».
Desde el sindicato indican que uno de los empresarios «beneficiados por esas recomendaciones o avales» de Gómez es Carlos Barrabés, y que al mismo se le habrían adjudicado licitaciones públicas por valor de 10 millones de euros. «Este empresario además montó el Máster de Transformación Social Competitiva de la denunciada», agregan. Además, recuerdan que la cátedra de Begoña Gómez fichó como profesor asociado a ese consultor.
En otro punto Manos Limpias menciona a Víctor de Aldama, quien está investigado por la Audiencia Nacional como presunto conseguidor del caso Koldo. Era el contacto de Begoña Gómez en Globalia y obtuvo 6,67 millones antes de que se negociara «el rescate de la compañía».
La Fiscalía Provincial de Madrid sale en defensa de Sánchez y su esposa
En una situación inédita, la Fiscalía Provincial de Madrid intenta que no se investigue a la esposa del presidente por presuntos delitos de corrupción. Entonces el Ministerio Público, a cuyo frente se encuentra Álvaro García Ortiz elegido por el gobierno socialista para ocupar ese cargo, ha solicitado la revocación del auto recurrido y el archivo de la causa iniciada por Manos Limpias, indican fuentes del Ministerio Público.
Un caso insólito donde la Fiscalía se convierte de oficio en defensora de una acusada por presuntos hechos de corrupción, sin dejar que se investiguen los hechos.
Por eso, la pregunta del principio: ¿Ya no quedan fiscales en Madrid?
