El Gobierno de Chile ha anunciado que Venezuela ha aceptado la solicitud de tres vuelos chárter para el retorno de 150 ciudadanos venezolanos deportados del país y que se encuentran en situación irregular en Chile. Esta confirmación llega tras una serie de gestiones diplomáticas entre ambas naciones, con el objetivo de abordar la situación migratoria y la seguridad pública en el país sudamericano.
Los vuelos, programados para el próximo mes de mayo, representan un hito en los esfuerzos conjuntos de ambas naciones por abordar la problemática de la migración irregular y fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad, más aún, luego de los diversos conflictos diplomáticos que se venían dando en las últimas semanas entre ambas naciones, tras las declaraciones del canciller del país Yván Gil quien negó la existencia de la banda de narcotraficantes de origen venezolano “Tren de Aragua” en países como Chile.
El subsecretario chileno del Interior, Manuel Monsalve, destacó la importancia de este acuerdo, señalando que “Hemos recibido -por vía diplomática- una respuesta del Ministerio de Relaciones del Gobierno de Venezuela, aceptando un vuelo para el proceso de expulsiones durante la primera semana de mayo”. Asimismo, expresó su confianza en que este acuerdo sentará las bases para una colaboración más estrecha entre Chile y Venezuela en materia migratoria.
En el marco del Consenso de Brasilia, el subsecretario Monsalve subrayó la necesidad de establecer planes de vuelo con itinerarios definidos y acordados, con el fin de agilizar los procesos de deportación y garantizar un enfoque más eficaz en la gestión migratoria.
Por otro lado, el Gobierno chileno reafirmó su compromiso de combatir la creciente crisis de seguridad pública en el país, caracterizada por el aumento de la delincuencia organizada y delitos de alta connotación social, como el sicariato y secuestros. En este sentido, se anunció que aquellos extranjeros que se encuentren en situación irregular y cometan delitos sin pena de cárcel, serán retenidos y expulsados del país, como parte de las medidas para fortalecer la seguridad nacional y proteger a los ciudadanos chilenos.
