La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido una declaración contundente respecto a las recientes trabas que enfrentan las candidaturas opositoras en el proceso electoral venezolano, rechazando enérgicamente cualquier medida que limite la participación democrática en el país sudamericano.
La CIDH ha expresado su preocupación ante los obstáculos que impiden la inscripción de candidaturas opositoras para las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela. En palabras de la Comisión, tales acciones ponen en entredicho la independencia e imparcialidad del Poder Electoral, socavando así la posibilidad de celebrar elecciones libres, justas y competitivas.
Desde el 21 hasta el 26 de marzo, dirigentes de la oposición han denunciado públicamente ante el Consejo Nacional Electoral la imposibilidad de acceder al sistema automatizado de postulaciones debido a problemas técnicos. La candidata Corina Yoris, en representación de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), se vio imposibilitada de formalizar su inscripción el pasado 26 de marzo debido a la persistencia de dichos problemas.
La Comisión Interamericana recalca que estas acciones no solo restringen la oferta electoral de los sectores opositores, sino que también desincentivan la participación política y perpetúan un clima de represión gubernamental. A estos obstáculos denunciados se suman actos antidemocráticos como la inhabilitación administrativa de líderes opositores prominentes y detenciones arbitrarias de defensores de derechos humanos y dirigentes políticos de la oposición.
En un Estado democrático, es imperativo garantizar la participación política en condiciones de igualdad. La CIDH hace un llamado urgente al levantamiento de las inhabilitaciones administrativas y al cese de cualquier acción que busque desalentar la participación ciudadana en asuntos de interés público en Venezuela.
Por último la Comisión hace hincapié en la necesidad de adoptar medidas urgentes para restablecer la independencia y la separación de poderes, incluyendo al Poder Electoral y al Poder Judicial. Solo así se podrá reconstruir la democracia y restaurar la confianza en las instituciones públicas del país.
