El Gobierno de Nicaragua continúa perpetrando graves violaciones sistemáticas de los derechos humanos, equiparables a crímenes de lesa humanidad, según declaraciones emitidas por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua. El informe del grupo señala un empeoramiento significativo de la situación en el año 2023.
Jan Simon, presidente del grupo de expertos, enfatizó que tanto el Presidente Ortega, la Vicepresidenta Murillo y otros funcionarios de alto nivel identificados en la investigación deben rendir cuentas ante la comunidad internacional. El informe destaca que las violaciones afectan a diversos sectores de la población, incluyendo estudiantes universitarios, pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos y miembros de la Iglesia católica y de otras confesiones cristianas.
La persecución de personas opositoras, ya sea reales o percibidas como tales, ha tomado formas más sutiles, señala el informe. Además, se perpetran violaciones, abusos y crímenes no solo para desmantelar la oposición activa, sino también para eliminar todas las voces críticas y disuadir cualquier iniciativa de movilización social a largo plazo.
“Nicaragua está atrapada en una espiral de violencia marcada por la persecución de toda forma de oposición política, real o percibida, tanto en el interior como en el exterior”, declaró el experto independiente Jan Simon.
El informe también destaca la persecución que se extiende más allá de las fronteras de Nicaragua, afectando a personas que se han convertido en apátridas y a sus familiares. Los niños y niñas son especialmente vulnerables, siendo violentados debido a su relación parental o a las actividades y opiniones de sus padres o familiares.
El Grupo de Expertos insta al Gobierno de Nicaragua a poner fin de inmediato a las violaciones de derechos humanos, liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente y emprender investigaciones exhaustivas e independientes para responsabilizar a los perpetradores. Asimismo, hacen un llamado a la comunidad internacional para que tome medidas, incluyendo la ampliación de sanciones contra personas e instituciones involucradas en violaciones de derechos humanos.
La situación en Nicaragua, según el informe, requiere una respuesta urgente y coordinada a nivel internacional. “El efecto sobre la población nicaragüense es devastador”, afirmó Jan-Michael Simon, subrayando la necesidad de tiempo y recursos significativos para la recuperación de todo lo perdido bajo el gobierno actual.
