En una decisión unánime, la Justicia de Perú rechazó este miércoles (24.01.2024) los cinco recursos de apelación presentados por el expresidente Pedro Castillo, los cuales buscaban anular la orden de prisión preventiva dictada en su contra por su presunta participación en el fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
“El Poder Judicial rechazó los cinco recursos de apelación interpuestos en el marco de los procesos de investigación por los delitos de rebelión y organización criminal contra el expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones”, informó la institución a través de la red social X.
La decisión fue tomada por el colegiado de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, quienes declararon infundadas las apelaciones del exmandatario, las cuales buscaban la revisión del plazo de su prisión preventiva y la excepción de improcedencia de acción por el delito de rebelión.
En la misma línea, el Ministerio Público había solicitado anteriormente una condena de 34 años de prisión para Castillo por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública relacionados con el intento de autogolpe de Estado.
Además, el colegiado rechazó la tutela de derechos solicitada por la defensa de Castillo, representada por Eduardo Pachas, quien argumentó que la acusación fiscal presentaba ambigüedades e imprecisiones.
En una audiencia celebrada el 18 de enero, Castillo reiteró que, después de su mensaje del 7 de diciembre de 2022, no fue detenido en flagrancia ni intentó fugarse. Afirmó que fue arrestado de manera arbitraria “con fusil en mano” y denunció la acusación fiscal en su contra como “una cortina de humo”.
Actualmente, Pedro Castillo cumple una orden de prisión preventiva por 18 meses relacionada con los eventos del fallido autogolpe de Estado, y enfrenta otros 36 meses de prisión preventiva mientras se le investiga por presunto liderazgo en una red corrupta en el Ejecutivo.
El 7 de diciembre de 2022, Castillo anunció el cierre del Parlamento, la reorganización del sistema de justicia y la instalación de un Ejecutivo de emergencia mediante un mensaje televisado. Sin embargo, fue destituido por el Congreso y arrestado por su propia escolta poco después. Tras su destitución, Dina Boluarte asumió el cargo de jefa de Estado por sucesión constitucional como vicepresidenta de Castillo.
