Agentes de la Policía Nacional han logrado desmantelar en Valencia una red delictiva dedicada a la venta ilegal de cadáveres con destino a universidades para su estudio. La organización, integrada por empleados de una funeraria, falsificaba documentación para retirar cuerpos de hospitales y residencias, comercializándolos posteriormente a instituciones académicas por la suma de 1.200 euros por cada cadáver.
La investigación, iniciada a principios de 2023, surgió tras la retirada irregular de un cadáver de la morgue de un hospital. La funeraria involucrada había falsificado registros y documentos presentados al Registro Civil para llevar a cabo este procedimiento ilícito.
Las pesquisas revelaron que dos empleados de la funeraria, mediante la falsificación de documentos, sustrajeron un cadáver de la morgue hospitalaria para luego trasladarlo a una universidad con fines de estudio, en lugar de brindarle la sepultura correspondiente. El fallecido, que debería haber sido enterrado en su localidad de residencia mediante un sepelio beneficencia costeado por el ayuntamiento, fue vendido por casi 1.200 euros sin el consentimiento de familiares o amigos.
La organización delictiva enfocaba sus esfuerzos en localizar fallecidos sin familiares, preferiblemente extranjeros o aquellos que habían experimentado condiciones de vida precarias, garantizando así la impunidad de sus acciones al evitar el seguimiento por parte de familiares.
La investigación reveló otro caso con un modus operandi similar, donde el difunto, residente de una geriátrica, supuestamente autorizó la donación de su cuerpo tres días antes de fallecer, a pesar de sufrir un deterioro cognitivo severo que le impedía comprender las implicaciones de dicha decisión. Los investigadores descubrieron que se falsificaron documentos para cambiar el destino del cuerpo, enviándolo a una facultad de medicina diferente que ofrecía un pago mayor.
Además, la organización realizaba irregularidades en las incineraciones de los cuerpos donados a la ciencia. Después de los estudios realizados por las universidades, la funeraria facturaba a una institución educativa 5.040 euros por 11 incineraciones, las cuales no estaban registradas en las facturas emitidas por ninguna de las incineradoras de Valencia.
Se presume que los implicados aprovechaban el proceso de disección y desmembramiento de los cuerpos para introducirlos en los féretros de otros difuntos, llevando a cabo una sola incineración para varios cadáveres, evitando costos mientras facturaban a la universidad, obteniendo así ganancias significativas.
Como resultado de la investigación, las autoridades detuvieron a los responsables de la funeraria y a dos de sus empleados, imputándoles presuntamente un delito de estafa, mientras que a dos de ellos se les imputa también un delito de falsedad documental.
