La destacada opositora venezolana María Corina Machado denunció públicamente el vandalismo sufrido por las sedes de su partido, Vente Venezuela, a manos de seguidores del chavismo. Además, informó que dos militantes de su organización fueron detenidos, lo cual considera una flagrante violación al acuerdo político establecido de cara a las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela.
A través de sus redes sociales, Machado compartió imágenes de la sede de Vente Venezuela, donde se evidencian grafitis con la consigna “Furia Bolivariana”, un término lanzado por el presidente Nicolás Maduro para combatir “cualquier intentona terrorista”.
La líder opositora, aspirante a la candidatura presidencial a pesar de estar políticamente inhabilitada, destacó que lo ocurrido contradice el Acuerdo de Barbados, un compromiso firmado entre el Gobierno y la oposición en una mesa de negociaciones mediada por Noruega. Dicho acuerdo incluye la celebración de elecciones en el segundo semestre del año con observación internacional.
“Lo que está ocurriendo en estas horas viola el acuerdo de Barbados que habla del desarrollo de una campaña electoral pacífica y participativa y de las garantías para que los candidatos podamos desplazarnos libremente por el país”, afirmó Machado, quien previamente arrasó en las primarias de la principal alianza opositora venezolana.
La líder opositora hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para intervenir, indicando que es necesario detener esta situación, ya que la “Furia Bolivariana” representa agresiones, desapariciones, persecuciones y refleja el temor de un régimen a enfrentar un proceso electoral justo.
Además, María Corina Machado denunció que dos de sus colaboradores, Juan José Freites, coordinador de Vente Venezuela en La Guaira (norte), y Luis Camacaro, coordinador en Yaracuy (norte), están “secuestrados, desaparecidos”, posiblemente detenidos, y que otros dirigentes de la organización están siendo objeto de “persecuciones”. La dirigente liberal impugnó la sanción que la inhabilita para ejercer cargos públicos por 15 años, calificándola de ilegal y resultado de presiones internacionales, incluyendo las de Estados Unidos, también participante en el diálogo.
