El expresidente de Perú exige a tribunal anular la acusación que busca imponerle 34 años de cárcel por el presunto fallido autogolpe de Estado

El 12 de enero pasado el Ministerio Público presentó una solicitud para sancionar a Castillo por los delitos de rebelión abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública

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El Expresidente de Perú, Pedro Castillo - Foto Prensa Presidencial

El expresidente de Perú, Pedro Castillo, reiteró su solicitud de anulación del proceso en su contra por el presunto fallido autogolpe de Estado, exigiendo su liberación de la prisión en la que se encuentra desde los acontecimientos del 7 de diciembre de 2022.

En dicha audiencia, Castillo expresó ante el tribunal su petición de anular la acusación que busca imponerle 34 años de cárcel por el mencionado incidente y solicitó que se resolviera su solicitud de sobreseimiento (archivo) de la causa.

El exgobernante (2021-2022) subrayó que, después de pronunciar el mensaje el 7 de diciembre de 2022, no fue detenido en flagrancia ni intentó fugarse. Afirmó haber sido arrestado arbitrariamente “con fusil en mano” y denunció la acusación de la Fiscalía en su contra como “una cortina de humo”.

El 12 de enero pasado, el Ministerio Público presentó una solicitud para sancionar a Castillo por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública.

Paralelamente, el Poder Judicial informó que el juez Juan Carlos Checkley aceptó un recurso de apelación presentado por Castillo. El recurso busca la revisión de oficio de la orden de prisión preventiva por 36 meses, impuesta mientras se le investiga por el delito de organización criminal. Checkley resolvió enviar el recurso de apelación a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia “para los fines pertinentes”, delegando a dicho tribunal la decisión sobre el fondo de la solicitud.

Cabe destacar que el exmandatario cumple las órdenes de prisión preventiva por 18 y 36 meses en la prisión de Barbadillo. El proceso judicial sigue generando controversia y atención nacional, alimentando el debate sobre la legalidad de los procedimientos en el caso del expresidente Pedro Castillo.