En una resolución aprobada con 432 votos a favor, 9 en contra y 39 abstenciones, el pleno denuncia el intento de golpe de Estado, sobre la base de «acusaciones infundadas de fraude», y rechaza todas las acciones de algunas autoridades del país que «conculcan manifiestamente la Constitución guatemalteca, el Estado de Derecho, la integridad del proceso electoral y los principios más fundamentales de la democracia, incluida la separación de poderes».
Los eurodiputados trasladan su respaldo al presidente electo, Bernardo Arévalo, líder del Movimiento Semilla, y reclaman una transición ordenada que concluya en su investidura como 52 presidente de Guatemala el 14 de enero próximo. La Cámara hace hincapié en que la misión de observación electoral de la UE determinó que las elecciones fueron transparentes y estuvieron bien organizadas, «sin hallar ningún motivo para alegar fraude».
El texto insta a las autoridades, y en particular a la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, el Congreso y el presidente Alejandro Giammattei, a tomar medidas para proteger el orden constitucional y el Estado de Derecho y a asegurar que se respeta la voluntad de los ciudadanos guatemaltecos expresada en las urnas.
Los eurodiputados también quieren que los responsables de la obstrucción democrática rindan cuentas y piden al Consejo que adopte sanciones –incluida prohibición de viajar y congelación de activos- contra la fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), José Rafael Curruchiche Cacul, el juez Fredy Raúl Orellana Letona, la fiscal de la FECI Leonor Eugenia Morales Lazo y el secretario general del Ministerio Público, Ángel Arnoldo Pineda Avila, entre otros. El Parlamento les acusa de socavar el proceso electoral de 2023 y de instrumentalizar sistemáticamente la justicia para debilitar el Estado de Derecho y criminalizar a la oposición.
El Parlamento muestra, por último, su preocupación por la detención arbitraria de fiscales, jueces, antiguos funcionarios de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y periodistas independientes como José Rubén Zamora y pide la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente, así como la desestimación de todas las acusaciones penales infundadas.
La fiscal general de Guatemala está sancionada por EEUU desde 2022 por hechos de corrupción
“Estados Unidos ha sancionado a la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras Argueta de Porres, debido a su participación en hechos significativos de corrupción. Durante su gestión, Porras obstruyó y menoscabó en forma reiterada investigaciones contra la corrupción en Guatemala con el propósito de proteger a sus aliados políticos y conseguir favores políticos indebidos. El patrón de actos de obstrucción en los que incurrió Porras presuntamente incluyen dar instrucciones a fiscales del Ministerio Público de Guatemala de que desestimen casos sobre la base de consideraciones políticas y destituyan a fiscales que investigan casos sobre actos de corrupción”, dice el comunicado del Departamento de Estado norteamericano.
