La Red de Observatorios de Seguridad ha lanzado su último boletín, “Target Skin: la bala no falla en el negro”, revelando datos alarmantes sobre la violencia policial en Brasil durante el año 2022. Según el informe, cada cuatro horas, una persona negra fue asesinada por la policía en los ocho estados monitoreados por la Red.
Por cuarto año consecutivo, la investigación destaca que la población negra sigue siendo la principal víctima de la violencia policial en Brasil. De los 3,171 registros de defunción analizados, en los cuales se declaró información sobre color/raza, los negros representaron un impactante 87.35%, equivalente a 2,770 personas.
El estado de Bahía, con un aumento del 300% en las muertes registradas como resultado de la violencia policial de 2015 a 2022, se posiciona como el más letal entre los estados vigilados por la Red. Bahía y Río de Janeiro juntos fueron responsables del 66.23% del total de defunciones.
Siete de cada diez víctimas en Ceará tienen edades comprendidas entre los 18 y 29 años, destacando la vulnerabilidad de la juventud ante la violencia policial. Lamentablemente, por tercer año consecutivo, Maranhão no ha reportado datos sobre la raza/color de las personas asesinadas por la policía, generando preocupaciones sobre la transparencia en este ámbito.
En Pará, una persona es asesinada por agentes de seguridad cada 14 horas, subrayando la urgencia de abordar la violencia policial en la región. Además, el informe revela que el 93.90% de las víctimas en Pará son negras, situándolo como el segundo estado con el mayor porcentaje de negros asesinados en operaciones policiales.
La situación en Pernambuco es alarmante, con casi el 90% de las víctimas siendo de raza negra, mientras que en Piauí, el 72.72% de las 39 muertes registradas ocurrieron en la capital Teresina y fueron de raza negra.
La policía de Río de Janeiro mató a 1,042 personas negras en 2022, y en São Paulo, a pesar de que los negros representan el 40.26% de la población, constituyen el 63.90% de las personas asesinadas por la policía.
La científica social Silvia Ramos, coordinadora de la Red de Observatorios, destaca la necesidad de considerar la letalidad de las personas negras causada por agentes policiales como una cuestión política y social. “Es necesario asignar recursos que garanticen una política pública que efectivamente lleve seguridad a toda la población”, enfatiza.
El boletín también señala que las cifras reales pueden ser aún mayores debido al subregistro de casos y la falta de registro de datos sobre color y raza, especialmente en Maranhão, Ceará y Pará. La Red de Observatorios hace un llamado a la sociedad y las autoridades para abordar de manera urgente este problema estructural y garantizar la seguridad y el respeto de los derechos de todas las personas, independientemente de su color o raza.
