A partir del domingo 19 de noviembre, Nicaragua dejará de ser miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA), una acción que se hace efectiva a dos años de que Daniel Ortega decidió retirar al país del organismo.
Ahora, Estados Unidos y sus socios anticipan “continuar evaluando todas las herramientas” para instar al gobierno nicaragüense a “cumplir sus obligaciones”.
En entrevista con la Voz de América, Eric Jacobstein, subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, que cubre América Central, Cuba y la migración regional, del Departamento de Estado, aseguró que EEUU -junto a una coalición de países de la OEA- siguen evaluando cómo pueden “trabajar para presionar a Nicaragua a que cese la represión y restituya la democracia”.
En 2021, el canciller de Nicaragua, Dennis Moncada, señaló a la OEA como “un foro político para actuar como instrumento de injerencia e intervención de los Estados Unidos”.
“La decisión de Nicaragua es una movida fragante para socavar los esfuerzos de la OEA de demandar la rendición de cuentas por parte del régimen por sus continuos abusos a los derechos humanos”, dijo Jacobstein a la VOA.
Entre los abusos mencionados por el funcionario se encuentran condenas y maltratos a presos políticos, ataques al periodismo independiente y a grupos religiosos, y el cierre de cientos de organizaciones de la sociedad civil.
“Seguiremos evaluando cómo podemos trabajar con la amplia coalición de países dentro de la OEA para presionar a Nicaragua que cese la represión y restituya la democracia”, apuntó Jacobstein.
Posibilidad de sanciones “continúa sobre la mesa”
El jueves, como parte de las medidas “adicionales” para abordar la situación de Nicaragua, el presidente Joe Biden extendió por un año más el decreto que considera a Nicaragua como “una amenaza inusual y extraordinaria” a su seguridad nacional.
Jacobstein dijo a la VOA que esta extensión “deja claro que los gobiernos que niegan a sus pueblos los derechos humanos o amenazan los intereses de seguridad de sus vecinos no deben esperar que sus relaciones políticas, económicas y comerciales no se vean afectadas”.
Aunque explicó que esta declaración “no incluye una designación específica”, sí le da a EEUU “autoridad para continuar haciendo estas designaciones” que “siguen estando sobre la mesa”.
“Definitivamente continuaremos responsabilizando a las personas por violaciones de derechos humanos en Nicaragua”, agregó.
Al preguntársele sobre las posibles concesiones que debería hacer Nicaragua para considerar una remoción de las sanciones ya impuestas, como las restricciones de visado a cientos de funcionarios, Jacobstein detalló que el gobierno de ese país debe “cumplir con sus compromisos con el pueblo”.
¿Qué hacer ante un estado que no cede a la presión internacional?
En repetidas ocasiones, el gobierno nicaragüense se ha referido a las sanciones que Washington ha impuesto sobre sus funcionarios como “absurdas”.
Jacobstein enfatizó en que la prioridad de EEUU es “continuar trabajando para instar al régimen de Ortega a cumplir con sus obligaciones y cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
Sin embargo, apuntó que “no somos ingenuos sobre lo que realmente hará el régimen”, al contrastar la resistencia del gobierno nicaragüense de ceder a la presión internacional.
“Las personas que cometen violaciones de derechos humanos que socavan la democracia… ciertamente no deberían tener acceso a una visa para EEUU…no deberían tener acceso al sistema financiero de EEUU… es difícil cambiar el comportamiento de actores arraigados… pero sentimos que es importante continuar usando estas herramientas para responsabilizar a esos individuos”, dijo.
Nicaragua mantiene responsabilidad con derechos humanos
Pese a su desvinculación del organismo, Jacobstein recordó que Nicaragua “sigue estando sujeta a sus compromisos adquiridos en materia de derechos humanos y gobernanza bajo otros instrumentos y tratados, incluyendo la Convención Americana de Derechos Humanos”.
En una resolución aprobada el pasado 8 de noviembre en la OEA; el organismo lamentó “profundamente” la salida de Nicaragua, y recordó que el país sigue obligado a “respetar los derechos humanos reflejados en las normas consuetudinarias y todos los derechos humanos contenidos en las convenciones multilaterales”.
EEUU, por su parte, aseguró que se mantendría vigilante a las violaciones de derechos humanos junto a socios en la región para asegurar que “haya una rendición de cuentas” en cuanto “a todas las personas que merecen la protección en Nicaragua”.
VOA
