Se cumple el plazo planteado por la Administración del presidente Joe Biden para que el gobierno de Venezuela “defina” un proceso orientado a levantar inhabilitaciones políticas y comience a “liberar ciudadanos estadounidenses y presos políticos venezolanos detenidos injustamente”.
Aunque aparentemente no se evidencian avances concretos, especialistas concuerdan en que el gobierno podría dar “concesiones”, pero siguiendo su agenda.
Tras la firma de dos acuerdos en Barbados entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de la oposición, el gobierno estadounidense emitió licencias generales que autorizan “temporalmente” algunas transacciones que involucran al sector de la industria petrolera, pero advirtió que las medidas serían revertidas “si no se cumplen los compromisos estipulados en la hoja de ruta electoral y relativos a los presos políticos”.
El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, precisó en una declaración que Estados Unidos transmitió su “expectativa y entendimiento” de que Venezuela, “antes de fines de noviembre”, defina “un proceso y plazos precisos para la readmisión de todos los candidatos”.
Pero, Jorge Rodríguez, jefe de la delegación del oficialismo en las negociaciones, rechazó la declaración al asegurar que son “inaceptables, por falsas, por mentirosas” y porque, según dijo, “no corresponden con la realidad”.
Geoff Ramsey, miembro senior del Centro Adrienne Arsht para América Latina del Atlantic Council, sostiene que Blinken fue “claro” en su declaración y que el 30 de noviembre no es una “fecha límite”, sino una expectativa de que se produzcan avances en “ciertos aspectos” del acuerdo de Barbados.
“En realidad, la administración Biden está fijando estándares bastante bajos. La Casa Blanca no espera que Maduro levante de la noche a la mañana la inhabilitación de -María Corina Machado-, sino que anuncie un proceso para revisar la inhabilitación de ella y de otros candidatos”, dijo consultado por VOA.
Además, ve poco probable que Maduro actúe antes de este jueves, 30 de noviembre.
Para el politólogo Ricardo Sucre se dieron muchas interpretaciones y coincide en que el lapso marca el “inicio” de un proceso, pero cree que, ante las diversas declaraciones de funcionarios norteamericanos, “cuajó la matriz” de que se trata de un ultimátum.
“Ahora vendría la fase de, en pasos concretos, qué va a hacer usted para desarrollar unas elecciones menos desiguales, creo que eso es lo que se espera el 30, así lo interpreto yo de la declaración original de Blinken”, estima en conversación con VOA.
El internacionalista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Luis Angarita, opina que existe presión política y no cree que se registre un retroceso en las licencias.
“El interés de la negociación no descansa en un candidato, descansa en todo el proceso, que sea lo más transparente posible (…) un proceso de negociación no es lineal, tiene avances, retrocesos, presiones y contrapresiones. Creo que vamos a ver que habrá espacios institucionales importantes, mucho más que concentrarse en el debate de si es una persona, si es una licencia, hay que ver la foto en el marco institucional del que se refiere”, dijo en días recientes consultado por periodistas.
A juicio de Ramsey el gobierno venezolano dará “algunas concesiones adicionales”, pero siguiendo su propia agenda, pues considera que Maduro no quiere cerrar la puerta al levantamiento de las sanciones, “por lo que sabe que le conviene permanecer en la mesa de negociaciones”.
“Creo que Estados Unidos entiende que la oposición puede lograr beneficios significativos si mantiene abierto el proceso de negociaciones. Washington no cerrará la puerta a menos que la oposición se levante de la mesa”, continúa.
