Un grupo de siete organizaciones humanitarias presentó un informe que evidencia un total de 5.775 “víctimas directas” de vulneraciones a los derechos humanos bajo el régimen de excepción, instaurado en El Salvador desde marzo de 2022 con el propósito de combatir a las pandillas. De esta cifra, más del 50 % corresponde a jóvenes y se reportan 189 fallecimientos.
El recuento, derivado de denuncias recibidas entre marzo de 2022 y septiembre de 2023, principalmente por detenciones arbitrarias, muestra que estas organizaciones no gubernamentales han atendido en total 5.495 casos en dicho periodo.
En conferencia de prensa, Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), detalló que el 52,54 % de las víctimas tiene entre 19 y 30 años. Les siguen las personas entre 31 y 59 años con 33,49 % y el 3,32 % corresponde a individuos entre 13 y 18 años.
El informe destaca que el 94,77 % de las víctimas denunciaron detención ilegal arbitraria, el 87,05 % señaló la “falta del debido proceso” y el 28,59 % indicó un allanamiento de morada sin orden judicial. Además, otras vulneraciones registradas incluyen tratos crueles o tortura en el 7,6 % de los casos, y desaparición forzada en el 3,62 %.
Dentro del contexto del régimen de excepción, que implica la suspensión de garantías constitucionales, la Policía Nacional Civil (PNC) es identificada como el supuesto “victimario” en el 74,87 % de los casos.
El informe también señala que se han registrado al menos 189 fallecimientos, siendo que “la mayoría de estos ocurrieron bajo custodia del Estado”. Por su parte, el Ejecutivo liderado por Nayib Bukele informó que durante esta “guerra contra las pandillas”, se han realizado más de 72.000 detenciones y otorgado libertad condicional a más de 7.000 individuos. No obstante, Santos advirtió que estos liberados enfrentan aún una acusación penal, lo que podría derivar en condenas en las futuras audiencias masivas, producto de una serie de reformas penales “arbitrarias”.
