En respuesta al continuo deterioro de la situación política y social en Nicaragua, la Unión Europea ha decidido extender las sanciones al país centroamericano por un año más, hasta el 15 de octubre de 2024. Estas sanciones, que se establecieron inicialmente en 2019, han tenido un impacto directo sobre 23 individuos y tres entidades cercanas al régimen del presidente Daniel Ortega, incluyendo a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
A los sancionados se les prohíbe la entrada a cualquier país miembro de la Unión Europea y congela todos sus activos y bienes en entidades financieras de la UE. Adicionalmente, ciudadanos y empresas pertenecientes a la UE tienen prohibido ofrecer fondos o cualquier tipo de apoyo financiero a los afectados por las sanciones.
Dentro de los más destacados sancionados se encuentran no solo la vicepresidenta Rosario Murillo y sus hijos Camila, Laureano y Juan Carlos Ortega Murillo, sino también altos funcionarios del estado nicaragüense, como el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos; y la fiscal general de la República, Ana Julia Guido.
Las sanciones surgen tras denuncias de crímenes de lesa humanidad, atribuidos al presidente Ortega y su gobierno, durante la represión de manifestaciones en 2018, que resultaron en la muerte de más de 300 personas, desencadenando una crisis política que persiste hasta el día de hoy.
La Unión Europea, en un reciente comunicado, subrayó: “La crisis política actual en Nicaragua debe resolverse a través de un diálogo genuino entre el Gobierno y la oposición”. Además, recordó que los Veintisiete han denunciado en múltiples ocasiones la crisis política en Nicaragua y se han abstenido de reconocer los resultados de las elecciones generales recientes, en las cuales se declaró victorioso Ortega, argumentando que no se cumplieron estándares democráticos mínimos.
Se espera que estas sanciones ejerzan una mayor presión sobre el régimen nicaragüense para restablecer un verdadero diálogo y encontrar una solución democrática y pacífica a la actual crisis política.