En su incesante esfuerzo por combatir la inseguridad ciudadana y, específicamente, el alarmante robo de celulares, el Gobierno del Perú promulgó hoy el decreto legislativo N° 1578. Esta nueva normativa, nacida en el marco de facultades legislativas otorgadas por el Congreso, establece drásticas penas de hasta 30 años de prisión en los casos más extremos de robo de dispositivos móviles.
La estadística diaria asombra: se sustraen 4,754 celulares cada día en el país, lo que significa un robo cada 20 segundos. Con este decreto, el Gobierno apunta a erradicar uno de los crímenes más recurrentes en la nación.
Vicente Romero, Ministro del Interior, señaló: “Nuestro objetivo es fortalecer la lucha contra el circuito delictivo de celulares y equipos móviles robados. Esta medida brinda herramientas vitales a la Policía Nacional para acabar con este flagelo.”
El decreto modifica el artículo 189 del Código Penal, tipificando como robo agravado la sustracción de terminales de telecomunicaciones, equipos informáticos y similares. Quienes perpetren estos robos enfrentarán penas de entre 12 y 20 años. Además, el uso de explosivos o vehículos motorizados para cometer el delito aumenta la pena a un rango de 20 a 30 años.
En relación al delito de receptación, el artículo 194 del Código Penal ha sido actualizado. No solo quien negocie, reciba o esconda bienes de origen ilícito será considerado receptador, sino también quien los venda, desmantele o utilice. Proveer documentos para encubrir la procedencia ilícita de bienes también será penalizado. Al respecto, Romero advirtió: “A quienes venden celulares robados: su actividad ilícita ha llegado a su fin. Deben abandonarla o enfrentarán hasta 12 años de prisión.”
En adición, se ha penalizado la clonación de terminales y la adulteración de identificadores, como IMEI o MAC. Romero agregó: “Los que se dedican a la clonación o utilizan talleres de reparación como fachada para actividades delictivas, tienen sus días contados.”
El nuevo decreto penaliza la posesión ilegítima de chips activados y la posesión o venta de equipos con números de serie, IMEI o identificadores alterados o duplicados.
Para finalizar, se enfatizó en que se reforzarán los operativos, en colaboración con el Ministerio Público, Osiptel y gobiernos locales, para desmantelar completamente el circuito ilícito de celulares en el país.
