El Ministerio de Gobernación de Nicaragua, responsable de las organizaciones no gubernamentales, canceló el miércoles la personería jurídica de la Compañía de Jesús, la cual estaba establecida en el país desde 1995.
El ente estatal también ordenó que los bienes muebles e inmuebles pasarán a manos del Estado de Nicaragua, según una publicación en La Gaceta, el diario oficial.
Gobernación, señalada por opositores de fungir como “un brazo represivo” del gobierno del presidente Daniel Ortega, ha alegado un supuesto incumplimiento en sus obligaciones fiscales, conforme a lo establece la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro.
El argumento es el mismo con el cual se han cerrado más de 3.000 oenegés más en Nicaragua, muchas de ellas defensoras de los derechos humanos y críticas al gobierno de Ortega.
La Compañía de Jesús reaccionó a la cancelación de su personería jurídica por medio de una nota de prensa en donde expresó que no tuvieron derecho a una legítima defensa y sin que haya actuado una instancia judicial imparcial “que juzgue y frene estos abusos de autoridad totalmente injustificados y arbitrarios”.
“La decisión se tomó sin que conste que se hayan realizado los procedimientos establecidos por ley”, manifestó la Compañía de Jesús, que alertó que Nicaragua se encamina al establecimiento de “un régimen totalitario”.
La cancelación llega una semana después de que un juez de Managua cerrara a la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), tras acusarla de ser “un centro de terrorismo”. El gobierno de Ortega también ordenó el decomiso de la universidad, pese a que no hubo un juicio tras la acusación dejando en el limbo a los estudiantes.
Condena de Chile y Colombia
Las medidas de Ortega contra los jesuitas ha provocado el rechazo de organizaciones en toda la región, así como de los gobiernos de Chile y Colombia.
El gobierno del presidente Gustavo Petro manifestó en un comunicado su condena “con vehemencia” por la confiscación de la UCA y expresó su solidaridad con los estudiantes, profesores y demás personal afectado.
En tanto, Chile manifestó su preocupación por el cierre de la UCA y “condenó de forma enérgica” las acciones de Ortega. “Chile repudia, en participar, la causa penal por el delito de terrorismo contra la UCA, una institución de vital importancia”, indicó el gobierno de Gabriel Boric.
Ortega reaccionó únicamente al comunicado de Colombia y lo tildó de “vulgar e intervencionista”.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, no reconoce al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia como autoridad alguna, y recomienda mantener su mirada en sus propios problemas, que son enormes”, dice parte del comunicado de Managua.
Previo a la cancelación de la Compañía de Jesús, un grupo de seis sacerdotes jesuitas fueron desalojados el sábado de sus viviendas, en Managua, según denunció la Providencia Centroamericana de Jesús.
Comunicado del gobierno de Chile
El Gobierno de Chile expresa su profunda preocupación y condena enérgicamente las recientes acciones llevadas a cabo por la administración Ortega – Murillo en Nicaragua, específicamente en relación con la Universidad Centroamericana de Nicaragua (UCA), y se solidariza con esa comunidad universitaria y con todos aquellos afectados por estas medidas represivas, que profundizan el deterioro del Estado de Derecho y afectan el respeto y garantía de los derechos humanos.
Entre esas medidas, Chile repudia, en particular, la adoptada el 15 de agosto de 2023, mediante la cual se abrió una causa penal por delito de terrorismo en contra de la UCA, una institución de vital importancia para la educación y el desarrollo del país. Esta acción contempla la incautación de todos los bienes de la universidad y la suspensión de sus actividades, dejando en incógnita el futuro de más de 6.000 alumnos, 550 profesores y cientos de personas en cargos administrativos.
La Universidad Centroamericana de Nicaragua es reconocida como una de las universidades privadas más importantes de ese país y su cierre representa un grave atentado contra la libertad académica, el derecho a la educación y los principios democráticos que deben prevalecer en nuestra región.
Asimismo, Chile rechaza enérgicamente estas acciones represivas y exige al Gobierno de Nicaragua que cese de inmediato cualquier medida que afecte la integridad y el funcionamiento de la UCA y de quienes la dirigen, así como de cualquier otra institución educativa en el país, e insta a las autoridades nicaragüenses a respetar y garantizar los derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión, el derecho a la protesta pacífica y el acceso a una educación de calidad y sin restricciones.
El Gobierno de Chile, además de reiterar su compromiso con la defensa de la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho en la región, hace un llamado a la comunidad internacional para que se sume a esta condena y se pronuncie en contra de las acciones del Gobierno nicaragüense, instando a la restitución de los derechos fundamentales en Nicaragua y a la protección de la educación como un pilar fundamental para el desarrollo y el progreso de la sociedad.
Comunicado del Gobierno de Colombia
Bogotá, D.C., 18 de agosto de 2023. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia manifiesta su preocupación con la confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA) de Nicaragua, que se concretó con un oficio del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias, Circunscripción Managua del 15 de agosto del año en curso.
Colombia manifiesta su profunda solidaridad con los estudiantes, profesores y demás personal afectado por la incautación de los bienes de la UCA que, bajo la administración de la Compañía de Jesús, es una de las principales instituciones educativas de Nicaragua.
El Gobierno de Colombia condena con vehemencia todas las medidas que limitan la libertad religiosa, de cátedra y de expresión.
