Uruguay cumplió con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de las muertes de las guerrilleras integrantes del MLN Tupamaros, llamadas “Muchachas de Abril“, Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio, que murieron durante una operación llevada a cabo por miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía en 1974 en operativos contra grupos terroristas.
El fallo de la Corte Interamericana en bien claro:
Luego, en el numeral 236, la CIDH, impone lo siguiente:
Lo que llama la atención es que en ningún párrafo de la sentencia se exige la presencia en el acto del presidente de la República, pero las familiares de las jóvenes integrantes del grupo guerrillero de los Tupamaros – MLN y algunos periodistas -algo confundidos- pasaran por alto ese detalle, como el caso de Patricia Madrid:
https://twitter.com/PatriciaJMadrid/status/1669473207038930953
La señora Madrid no se pregunta por qué el expresidente Mujica, en ejercicio de su mandato, nunca fue a un acto de reivindicación de las víctimas inocentes de los tupamaros, incluso nunca le pidió perdón a la familia del policía José Villalba, asesinado por el hecho de identificar al guerrillero Mujica Cordano en un bar, en 1971 cuando el país vivía en democracia y los tupamaros robaban, secuestraban y asesinaban a varios inocentes. El “delito” de Villalba fue identificar al sedicioso requerido y por eso, por cumplir en democracia con su labor de policía lo “ajusticiaron” cobardemente por la espalda. Pero de esto, el periodismo militante y la sesgada CIDH no hablan.
Lo cuenta Leonardo Haberkorn, en su libro Historias tupamaras. Nuevos testimonios sobre los mitos del MLN, Montevideo, Uruguay, Editorial Fin de Siglo, p 119.
“También la persona que reconoció a José Mujica y otros integrantes del MLN en un bar y avisó a la Policía fue luego asesinada, como escarmiento.
Mujica lo cuenta en la biografía que escribió Miguel Ángel Campodónico.
“Y bueno, estando en ese boliche preparando el operativo, de pronto entró una patrulla de la Republicana. Después, supimos que alguien había llamado por teléfono… Tiempo después, la organización supo quién había llamado y fue ajusticiado en la calle”…
Ahora, el Estado uruguayo cumplió con la sentencia de la CIDH; allí estuvieron la vicepresidenta de la República, quien hizo uso de la palabra, el ministro de Defensa, altas autoridades y miembros del Poder Judicial, entre otros jerarcas de la actual administración.
Pero la confusión de varios periodistas militantes, es notoria y a la vez sesgada porque llegan a decir inexactitudes como Georgina Mayo que pretendía que la vicemandataria tuviera otra cara:
https://twitter.com/georgina_mayo_/status/1669684086313562114
Entendemos que cualquier muerte es lamentable, pero exigir la presencia del presidente en el acto, está fuera de lugar y menos la reacción de los familiares y “amigos” que abuchearon al primer mandatario y a la vicepresidenta.
También, algunos políticos como Eduardo Brenta, arrojaron leña al fuego:
https://twitter.com/eduardobrenta/status/1669503556225839114
También una dirigente del Frente Amplio, Gimena Urta, intentó confundir diciendo algo inexacto ya que el actual gobierno no es responsable de los hechos de la dictadura militar: “Ahora acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en el caso de Maidanik y otras vs Uruguay ante Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Tal vez para Urta estos acontecimientos ocurridos hace más de 40 años, sean hoy responsablidad de Lacalle Pou que tendría aproximadamente seis en esa época y quizás saldría a tropellar guerrilleros con su triciclo. La responsabilidad era de un régimen de facto y no de los gobiernos que vinieron después de la vuelta a la democracia.
https://twitter.com/gimeur/status/1669446794344890369
Nunca los escuché a esos periodistas militantes y a estos políticos y tampoco a la CIDH reclamar por justicia y que se les reconozcan sus derechos a las familias de las víctimas del terrorismo de los tupamaros. Parecería que tienen una doble vara de medir la historia. Tal vez convenga recordarles solo algunos casos, entre muchos.
En una nota publicada en 2016, el periódico La Voz de Galicia, bajo el título: Vicente Oroza, emigrante de Burela asesinado en 1972 por los tupamaros en Montevideo, relataba que Vicente Oroza, chofer de la empresa de transporte público Cutcsa, asesinado por un tupamaro – plenamente identificado – en el Cerro de Montevideo, por negarse a atropellar con el ómnibus a un grupo de las fuerzas conjuntas que realizaba un control callejero, también en años de democracia. En el hecho los tupamaros hirieron a un soldado que subió al vehículo y Oroza intentó protegerlo y para ello les abrió la puerta trasera del autobus a los terroristas para que pudieran escapar, pero el tupamaro, que además era su vecino del barrio, asesinó a Oroza con varios balazos. (28 de junio de 1972). Hoy, su asesino cobra una pensión como ex preso político y conviene leer el tuit del hijo del chofer asesinado:
Conviene recordar también – entre una lista extensa de víctimas y familias identificadas – el caso de Hilaria Quirino, una madre que se desempeñaba como cuidadora del Club de Bowling de Carrasco, que en el atentado terrorista de los tupamaros fue herida de gravedad y nunca logró recuperarse de aquel trágico e injusto episodio que la marcó a fuego hasta el final de sus días. Ni ella, ni sus cuatro hijos – que quedaron solos y desamparados – recibieron justicia desde el atentado en 1970, en democracia.
La ejecución por parte de los tupamaros de Juan Andrés Bentancur, sereno de la fábrica Niboplast, asesinado al dar aviso a la policía de que los tupamaros estaban robando en dicha empresa. – 22/06/71. Para la familia no hay resarcimiento, pero para alguno de sus atacantes si, que cobran pensiones del Estado.
El homicidio premeditado en plena democracia del peón rural Pascasio Báez ( 21 de diciembre de 1971), quien buscando en un campo un caballo perdido se encontró de casualidad con un escondite de los tupamaros que lo detuvieron durante dos meses para luego ejecutarlo con una inyección de pentotal para que no los delatara. El ex guerrillero tupamaro Jorge Zabalza, consideró este crimen, “un delito de guerra contra un ciudadano totalmente ajeno a la confrontación que se desarrollaba en el Uruguay”. Algunos de sus asesinos hoy cobran una pensión reparatoria como “ex presos políticos”.
Dr. Julio Federico Morato Manara, asesinado por los tupamaros en su domicilio cuando intentaron robarle material quirúrgico y sus armas de colección. El eminente y reconocido científico se resistió al ataque de los tupamaros y se trabó en lucha con los terroristas quienes le dispararon a quemarropa sin ningún reparo. Murió en el lugar ante su esposa mientras los asesinos se dieron a la fuga – 04/05/72
Contar la historia como tal es responsabilidad de los buenos periodistas y de los polítocos de no falsear la historia.
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