El presidente de El Salvador, Nayid Bukele ha ordenado una nueva ofensiva contra las pandillas que acechan diversas ciudades del país. La medida respaldada y apoyada por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas prevé poner freno a cualquier intento de reagrupación de los delincuentes quienes han visto mermadas ostensiblemente su rango de acción luego de que el Mandatario haya impulsado, desde hace un año, la estrategia denominada “guerra contra las pandillas” bajo el marco jurídico del Estado de Excepción constitucional vigente desde mayo de 2022.
“Aunque estamos ganando decisivamente la Guerra Contra las Pandillas, lanzaremos una ofensiva contra los remanentes de estas estructuras, para evitar cualquier intento de reagrupación, como estaba ocurriendo en Nueva Concepción”, ha asegurado.
En este contexto las Fuerzas de Seguridad del Estado ya han salido a las calles para continuar con la arremetida del Gobierno contra los grupos delictuales, instancia que ha dejado resultados excepcionales desde que ha comenzado a regir en el país, sin ir más lejos, desde que comenzó la medida han sido arrestados al menos 68.000 presuntos pandilleros, según cifras del Ministerio de Justicia y Seguridad. Pese a estas alentadoras cifras, la campaña gubernamental se ha visto invadida por constantes cuestionamientos por parte de sectores políticos y sociales, quienes aseguran que se están violando los Derechos Humanos.
“Hemos iniciado la ofensiva contra los remanentes de las estructuras terroristas que el Presidente Nayib Bukele ordenó hoy al Gabinete de Seguridad para erradicar cualquier intento de reagrupación. La Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están desplegados en todo el territorio”, ha asegurado el gobierno.
En este contexto se han intensificado los controles vehiculares para garantizar que ningún delincuente salga de la zona y que los conductores porten sus documentos en regla, a su vez se realizan operativos simultáneos de intervención en las comunidades y registros preventivos, al tiempo de ejecutar de forma masiva la verificación de documentación para evitar el hurto de viviendas.
