La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en 2021 al Estado de Uruguay por las muertes de las llamadas “Muchachas de abril“, Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio, que murieron en su casa durante una operación llevada a cabo por miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía en 1974 en operativos contra la subversión.
Segùn narra la BBC, las tres eran compañeras de militancia en el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), una guerrilla urbana de izquierda surgida en los años ’60, en la que —según sus familiares— se dedicaban a tareas como repartir volantes y “no habían agarrado un arma”.
La CIDH no mide con la misma vara otros asesinatos cometidos en esos años por los tupamaros, antes de la dictadura, donde los guerrilleros violaban los derechos humanos de civiles inocentes.
Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hay uruguayos de primera y segunda clase y hace distinciones impresentables.
La CIDH toma partido por la guerrilla e ignora a las víctimas de los grupos subversivos. Nada dice la Corte de la enorme cifra de asesinados por los tupamaros y tampoco exige reparaciones para las familias de esos inocentes.
No exige, al menos que se investigue el pago de pensiones a algunos “presos políticos” que cometieron delitos de sangre y que hoy cobran ese beneficio del Estado, cuando en realidad no deberían cobrarlo.
¿Es lógico que quienes asesinaron a inocentes hoy reciban una pensión de reparación y las víctimas nada?. Alguien tiene que ayudarlos porque los victimarios no van a hacerlo.
Citemos algunos ejemplos entre muchos: La CIDH, no pide justicia para el chofer de autobús, Vicente Oroza, asesinado por un “ex preso político” que hoy cobra una pensión a pesar de haber cometido ese asesinato.
En una nota publicada en 2016, el periódico La Voz de Galicia, bajo el título: Vicente Oroza, emigrante de Burela asesinado en 1972 por los tupamaros en Montevideo, relataba que Oroza, chofer de la empresa de transporte público Cutcsa, asesinado por un tupamaro – plenamente identificado – en el Cerro de Montevideo, por negarse a atropellar con el ómnibus a un grupo de las fuerzas conjuntas que realizaba un control callejero, también en años de democracia. En el hecho los tupamaros hirieron a un soldado que subió al vehículo y Oroza intentó protegerlo y para ello les abrió la puerta trasera del autobus a los terroristas para que pudieran escapar, pero el tupamaro, que además era su vecino del barrio, asesinó a Oroza con varios balazos. (28 de junio de 1972). Hoy, su asesino cobra una pensión como ex preso político y conviene leer el tuit del hijo del chofer asesinado:
Y la lista es extensa, pero la CIDH, no exige, al menos, que se investigue y se les quite la pensión a los “ex presos políticos” que asesinaron inocentes.
Conviene recordar también – entre una lista extensa de víctimas y familias identificadas – el caso de Hilaria Quirino, una madre que se desempeñaba como cuidadora del Club de Bowling de Carrasco, que en el atentado terrorista de los tupamaros fue herida de gravedad y nunca logró recuperarse de aquel trágico e injusto episodio que la marcó a fuego hasta el final de sus días. Ni ella, ni sus cuatro hijos – que quedaron solos y desamparados – recibieron justicia desde el atentado en 1970, en democracia.
La ejecución por parte de los tupamaros de Juan Andrés Bentancur, sereno de la fábrica Niboplast, asesinado al dar aviso a la policía de que los tupamaros estaban robando en dicha empresa. – 22/06/71. Para la familia no hay resarcimiento, pero para alguno de sus asesinos si.
El homicidio premeditado, en plena democracia, del peón rural Pascasio Báez ( 21 de diciembre de 1971), quien buscando en un campo un caballo perdido se encontró de casualidad con un escondite de los tupamaros que lo detuvieron durante dos meses para luego ejecutarlo con una inyección de pentotal para que no los delatara. El ex guerrillero tupamaro Jorge Zabalza, consideró este crimen, “un delito de guerra contra un ciudadano totalmente ajeno a la confrontación que se desarrollaba en el Uruguay”. Algunos de sus asesinos hoy cobran una pensión reparatoria como “ex presos políticos”.
Dr. Julio Federico Morato Manara, asesinado por los tupamaros en su domicilio cuando intentaron robarle material quirúrgico. El eminente y reconocido científico se resistió al ataque de los tupamaros y se trabó en lucha con los terroristas quienes le dispararon a quemarropa sin ningún reparo. Murió en el lugar ante su esposa mientras los asesinos se dieron a la fuga – 04/05/72
En 2006, durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, se otorgaron pensiones o jubilaciones a las víctimas del terrorismo de Estado. En 2020, pocos días antes de dejar su último mandato, Vázquez hizo que estas pensiones se trasladaran en un 100% a cónyuges o concubinos, e hijos menores o discapacitados, según explica un artículo del diario El País.
Pero lamentablemente, el expresidente Vázquez no miró hacía el otro lado, ni él ni los legisladores del Frente Amplio y tampoco la INDDHH, tuvieron en cuenta a las víctimas de la guerrilla tupamara, que asesinó a personas inocentes durante su accionar criminal durante años de gobiernos democráticos, previos a la dictadura militar ( 27 de junio de 1973 – 1 de marzo de 1985).
Hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), guarda ignominioso silencio sobre estos hechos, que son muchos más de los que relatamos aquí.
La sesgada actuaciòn de la CIDH
Como parte de la condena, la CIDH estableció que el Estado tenía un año para realizar un acto público de reconocimiento y compromiso para investigar las violaciones de derechos humanos en estos casos, según informa el diario El País.
El Estado uruguayo acata la disposición de la CIDH y designó a la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, para representarlo en el acto, pero los familiares de las “Muchachas de Abril“, enviaron una carta a la CIDH, exigiendo la presencia del presidente Lacalle Pou.
En la carta, los familiares de las tres jóvenes expresan, “La presencia del presidente en el acto resulta un aspecto central para convertir la instancia en un verdadero acto de reparación a las víctimas así como para enviar un mensaje a la sociedad y, en especial a las Fuerzas Armadas, que son quienes en su mayoría tienen la información necesaria para dar con el paradero de los restos de las personas desaparecidas”.
No deja de ser sugestivo que le exijan a este presidente – Lacalle Pou – lo que no exigieron durante 15 años de gobiernos del Frente Amplio.
Explicación de la sentencia de la CIDH
La sentencia de la CIDH es bien clara cuando dice: “e) Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en relación con los hechos del presente caso”. El Estado uruguayo cumple al designar a la vicepresidenta para concurrir al acto. La “exigencia” de los familiares de que vaya el presidente es un “agregado” fuera del fallo y la CIDH no puede entrometerse porque el gobierno está cumpliendo con dicha sentencia y tampoco puede obligar al mandatario, porque se estaría violando decisiones del Estado.
Y el reconocimiento a las víctimas de la guerrilla, sigue esperando y la CIDH, mira para otro lado.
Por qué la CIDH, no le pide a Mujica como expresidente y extupamaro que haga un acto público y le pida perdón a las víctimas de la guerrilla?
Parecería que el Foro de Sao Paulo, está dando directivas de presión. Y no nos tomen el pelo a los uruguayos, la sentencia de la CIDH no dice que deba ir el presidente. El estado designó a la vicepresidenta y eso cumple con el fallo. No se rían del pueblo.
Para estos familiares solo existen “sus víctimas” y no las de la guerrilla. El “apriete” que le quieren hacer al presidente no se justifica. Si fueran demócratas harían un acto por todas las víctimas, de un lado y de otro y los de la CIDH son unos impresentables.
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