La Ministra del Interior y Seguridad Pública de Chile ha informado que existen 20.931 declaraciones de expulsión firmadas que no han sido ejecutadas por la complejidad del sistema burocrático, por lo que ha instado a avanzar en mecanismos simples y dinámicos que permitan concretar con rapidez las expulsiones del país de aquellas personas que no cuentan con la documentación necesaria para permanecer legalmente en Chile.
Las declaraciones las ha realizado en el marco de una sesión de la Cámara de Diputados donde diversos parlamentarios criticaron que el Ejecutivo no ha actuado con la fuerza necesaria en el tema, recordando que, de 53 mil ingresos ilegales, solo 31 resultaron en una expulsión efectiva.
“El Gobierno tiene la convicción de actuar en la materia. Informó que existen 20.931 declaraciones de expulsión firmadas, 20 mil de ellas heredadas de la administración anterior. Las capacidades son muy poco ágiles”, ha expresado.
Ante esto la titular de Interior ha apuntado sus dardos contra Venezuela, asegurando que existen muchas dificultades a la hora de tener respuestas de los países de origen de los migrantes sumergidos en este proceso a fin de llevar a cabo acciones conjuntas. En esta línea ha afirmado que el principal conflicto es con Venezuela, que es precisamente, de donde provienen la mayoría de los expulsados.
“Nosotros estamos lejos en ser el país más afectado” por la migración, explicó la ministra. En otros territorios existen crisis en los servicios públicos o en ámbito laboral, además del aumento de la criminalidad. Sin embargo, aclaró que “estamos suficientemente afectados” si se considera que en Chile la presencia de armas y crimen era mucho más baja.
Aprueban proyecto
En este contexto los congresistas han aprobado por la unanimidad de 143 votos un proyecto para agilizar los procesos de expulsión del país de los inmigrantes ilegales que se encuentran en el territorio. Su objetivo es agregar formas alternativas de notificación del inicio de los procedimientos administrativos de expulsión.
En esta línea la instancia define que, en su primera intervención al ingresar al país, el extranjero sea apercibido por el funcionario público, a fin de indicar un domicilio. Si ello no fuese posible, indicará un medio electrónico. En caso de omisión de las opciones señaladas, las resoluciones de la autoridad se efectuarán mediante publicaciones en el Diario Oficial. Para tal efecto, los extranjeros deberán ser advertidos de esta circunstancia.
Luego, se regula la situación de las y los migrantes que ingresen por un paso no habilitado al territorio nacional. En tal caso, al momento de ser controlado, detenido o de realizar su auto denuncia, será notificado personalmente por el funcionario respectivo de que se inicia un proceso de expulsión en su contra. Seguidamente, se le informará a la persona extranjera un correo electrónico. En él se le notificarán todas las resoluciones o actos que se dicten en dicho proceso.
