El ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), concluyó hoy (20) el análisis de las audiencias de custodia de 1.400 presos por participar en los actos antidemocráticos del 8 de enero, que culminaron con la invasión y depredación de la sede del Palacio del Planalto, del Congreso Nacional y del STF.
Según la encuesta difundida por la Corte, el ministro decidió mantener la prisión preventiva de 942 imputados y ordenó la libertad de 464.
Al mantener los penales, Moraes entendió que la medida es necesaria para garantizar el orden público y la efectividad de las investigaciones. Los imputados responden por los delitos de acto preparatorio del terrorismo, asociación para delinquir, abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, amenaza e instigación al delito.
Los investigados que serán puestos en libertad deberán portar una tobillera electrónica. Se les prohíbe salir de sus lugares de origen y usar las redes sociales. Además, se cancelarán sus pasaportes y se suspenderán sus documentos de posesión de armas.
Tras las detenciones del 8 de enero, Alexandre de Moraes delegó las audiencias de custodia en jueces federales y la Corte de Justicia del DF. La información sobre los presos se centraliza en el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) y se envía al ministro, quien es responsable de decidir si se mantienen las prisiones.
Desde que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva fue elegido en la segunda vuelta, a finales de octubre, los partidarios del expresidente Jair Bolsonaro han demostrado su descontento con el resultado de la elección y han llamado a un golpe militar en el país para derrocar a los democráticamente gobierno electo.
Las manifestaciones de los últimos meses incluyeron campamentos en varios cuarteles generales del país y culminaron con la invasión y depredación del cuartel de los Tres Poderes, en Brasilia, el 8 de enero.
Agencia Brasil.-
