El presidente del Frente Amplio de Uruguay, Fernando Pereira, junto a dirigentes y legisladores de ese grupo político, dio este martes una rueda de prensa donde le reclamó al mandatario Lacalle Pou sobre casos donde se habría realizado un presunto espionaje a senadores frenteamplistas: “Esperamos del presidente de la República un rechazo terminante a este tipo de prácticas que creíamos que en el Uruguay no iban a existir nunca más, creíamos que el espionaje en democracia era cuestión del pasado”, dijo el presidente de la fuerza política de izquierda.
Pereira solicitó abrir una carpeta aparte con el presunto espionaje a los senadores opositores y afirmó en la rueda de prensa que el Frente Amplio actuará con “cautela republicana”.
El escrache presidencial en democracia
Investigar y escrachar a ciudadanos uruguayos donde no se actuó con “cautela republicana” ocurrió en los gobiernos del FA cuando Tabaré Vázquez ordenaba investigar la vida privada de cualquier ciudadano que lo encarara con reclamos en algún evento público y luego en forma oficial, esa persona terminaba escrachado en la web de la Presidencia de la República, donde se publicaba información personal del ciudadano sometiéndolo al escarnio público.
En abril de 2018, Francisco Faig, en un artículo de El País, con el título “Escraches del gobierno”, expresaba: “La utilización de información del Estado para señalar y deslegitimar a ciudadanos cuyos comportamientos disgustan al gobierno es un golpe gravísimo contra la democracia”.
Más adelante Faig, agregaba: “Ocurrió con una persona que tuvo un altercado con el presidente (Vázquez) en plenas movilizaciones rurales. A raíz de ese episodio, presidencia se encargó de exhibir públicamente su complejo historial con Colonización. Ahora, pasó con el padre de familia que se quejó de los servicios del Ministerio de Desarrollo Social para obtener refugios nocturnos: la ministra Arismendi sembró sospechas morales sobre él y funcionarios del gobierno filtraron sus antecedentes penales”.
Luego, el articulista subraya que “en los dos casos hay violaciones a la ley de protección de datos personales de 2008 que, entre otras cosas, dice: “los datos objeto de tratamiento no podrán ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención”, y “los datos personales relativos a la comisión de infracciones penales, civiles o administrativas solo pueden ser objeto de tratamiento por parte de las autoridades públicas competentes” y acota: “Esa ley es puro verso: claramente, no hay voluntad del gobierno ni seriedad institucional para hacerla respetar. Si además se toma consciencia del cúmulo de información personal y sensible que el Estado ya posee de todos nosotros, solo cabe la mayor alarma”.
La clara y concreta explicación de Faig sobre lo que ocurría en 2018, durante el gobierno del Frente Amplio, exime de cualquier comentario.
Ahora bien, si hubo espionaje contra dos senadores frenteamplistas, se debe llegar hasta el fondo del asunto, pero no se debe ocultar la historia, porque si una cosa está mal (espiar a dos legisladores), también investigar la vida privada de los ciudadanos que reclaman al gobierno, para luego escracharlos utilizando los medios del Estado, no es en definitiva un hecho compatible con la democracia y menos de “cautela republicana” como dice Pereira.
El caso Charles Carrera
Por otro lado, está la errónea percepción del senador del FA, Charles Carrera, que opina intentando dar lecciones de comportamiento a otros, sin mirar sus desatinos: “Desde hace casi dos meses, el Gobierno está metido en el laberinto de Astesiano y no logra salir. Todo este episodio resulta lamentable, pero no le quita responsabilidad a las altas jerarquías del Gobierno. Empezar reconociendo las responsabilidades es lo que nos merecemos los uruguayos, que observan cómo este asunto salpica y afecta el prestigio del país, a nivel nacional e internacional”, aseveró el senador izquierdista.
Carrera está severamente comprometido en un hecho espeluznante donde para evadir la responsabilidad del Ministerio del Interior, en el caso del ciudadano que fue herido por una bala disparada desde una fiesta de un jerarca policial, la victima recibió un impacto que lo dejó paralítico y Carrera, en ese momento director general de dicho ministerio, ingresó al herido, un civil, al hospital policial como si fuera funcionario policial y hasta le adjudicó un cargo de oficial de la institución.
Luego, se comprobó que gastó 260.000 dólares del erario público para asistir a la víctima, con la orden a familia del herido de no hablar del caso.
En este momento, está siendo investigado.
