El Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas (OACNUDH) presentó este martes los resultados de su revisión sobre la legislación, investigación y búsqueda de víctimas de desaparición forzada en Uruguay y como siempre con una visión sesgada.
La investigación se basa en la sanción de los responsables de desapariciones forzadas entre 1968 y 1985 y que se garantice derecho de reparación íntegra a las víctimas, dice la organización.
En cuanto a las presuntas desapariciones forzadas ocurridas entre 1968 y 1985, el Comité observó con preocupación la lentitud de las investigaciones y juicios en curso, así como la búsqueda de los desaparecidos. Hizo un llamado a Uruguay a tomar todas las medidas necesarias para acelerar el proceso judicial y redoblar sus esfuerzos en la búsqueda de los desaparecidos.
También solicitó a Uruguay que garantice y facilite la reparación integral de las víctimas y adopte una política de educación para la memoria de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante ese período.
El Comité saludó las medidas de Uruguay en los campos de la justicia, la verdad y la reparación. Sin embargo, recomendó a Uruguay armonizar su legislación interna con la Convención Internacional, incluyendo la pena mínima para el delito de desaparición forzada, la definición de víctima y los delitos de sustracción ilícita de niños.
Juan José López Ortega, integrante del comité, dijo en declaraciones que reproduce el diario El País que ve con preocupación del proyecto que evalúa la prisión domiciliaria para mayores de 65 años. Según el análisis del comité, “buena parte o todos los responsables (de las desapariciones entre los años citados) quedarían en situación de casi total impunidad”. Para el comité de la ONU, el necesario que el Estado uruguayo “adopte determinadas medidas de investigación proactiva para acceder a información de archivos de aquella época”.
De la reparación a las víctimas de la guerrilla la ONU no habla
Las distintas comisiones de la ONU incluidas las de derechos humanos, nunca hablan o piden acciones para la reparación de la víctimas del terrorismo de la guerrilla que azotó a Uruguay en esos años. Es como si estas personas y sus familias no existieran para Naciones Unidas.
Sin embargo desde la ONU han aplaudido y defendido las pensiones económicas a ex presos políticos que desde el primer gobierno del izquierdista Frente Amplio, perciben remuneraciones mensuales, mientras que las familias que perdieron a sus seres queridos por acciones terroristas de la guerrilla hasta el día de hoy siguen siendo totalmente ignoradas.
Lo peor es que muchos de esos “ex presos políticos” premiados, son responsables de las muertes de inocentes que cayeron por los atentados terroristas, secuestros y delitos cometidos en años de democracia por los tupamaros y el OPR-33, entre otros grupos sediciosos.
Solo para recordar: parte de la larga lista de víctimas de la guerrilla en Uruguay y que la ONU no pide resarcimiento
¿Es lógico que quienes asesinaron a inocentes hoy reciban una pensión de reparación y las víctimas nada?. Como ejemplo vale citar tan sólo unos pocos casos – entre una lista extensa – Hilaria Quirino, una madre que se desempeñaba como cuidadora del Club de Bowling de Carrasco, que en el atentado terrorista de los tupamaros fue herida de gravedad y nunca logró recuperarse de aquel trágico e injusto episodio que la marcó a fuego hasta el final de sus días. Ni ella ni sus cuatro hijos, recibieron justicia desde el atentado en 1970, en democracia.
La ejecución por parte de los tupamaros de Juan Andrés Bentancur, sereno de la fábrica Niboplast, asesinado al dar aviso a la policía de que los tupamaros estaban robando en dicha empresa. – 22/06/71.
El homicidio premeditado en plena democracia del peón rural Pascasio Báez ( 21 de diciembre de 1971), quien buscando en un campo un caballo perdido se encontró de casualidad con un escondite de los tupamaros que lo detuvieron durante dos meses para luego ejecutarlo con una inyección de pentotal. El ex guerrillero tupamaro Jorge Zabalza, consideró este crimen, “un delito de guerra contra un ciudadano totalmente ajeno a la confrontación que se desarrollaba en el Uruguay”.
Dr. Julio Federico Morato Manara, asesinado por los tupamaros en su domicilio cuando intentaron robarle material quirúrgico. El eminente y reconocido científico se resistió al ataque de los tupamaros y se trabó en lucha con los terroristas quienes le dispararon a quemarropa sin ningún reparo. Murió en el lugar ante su esposa mientras los asesinos se dieron a la fuga – 04/05/72
Vicente Oroza, chofer de la empresa de transporte público Cutcsa, asesinado por un tupamaro – plenamente identificado – en el Cerro de Montevideo, por negarse a atropellar con el ómnibus a un grupo de las fuerzas conjuntas que realizaba un control callejero, también en años de democracia. En el hecho los tupamaros hirieron a un soldado que subió al vehículo y Oroza intentó protegerlo y para ello les abrió la puerta trasera del autobus a los terroristas para que pudieran escapar, pero el tupamaro, que además era su vecino del barrio, asesinó a Oroza con varios balazos. (28 de junio de 1972). Hoy su asesino cobra una pensión como “ex preso político”.
Sobre este caso, el hijo del asesinado chofer de Cutcsa, escribió en Twitter:
Entonces los expertos de la ONU, deberían de dejar la visión sesgada y preocuparse por todas las víctimas y no exigir para un solo lado.
