Tec. Facundo Ordeig.-
Desde la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura se conmemora el 28 de Septiembre como el Día Internacional del Derecho al Acceso Universal a la Información y aunque en nuestras manos se encuentra una valiosa herramienta para analizar la realidad de Uruguay e incluso para convertirnos en un contralor de los Tres Poderes, no somos conscientes de ella ni de sus implicaciones porque si bien en Octubre de 2008 se promulgó la Ley de Acceso a la Información Pública, en sus doce años de implementación de cara a la ciudadanía, según los registros de la unidad a cargo, apenas nos encontramos con poco más de veintisiete mil solicitudes, lo que si bien en los papeles
resulta un avance en materia de transparencia gubernamental, en los hechos, no hemos sido capaces de mover la aguja, contando con dos serias carencias que involucran tanto al Estado como a la sociedad pues si bien podríamos pensar que se trata de una política pública con un cumplimiento efectivo en el 94% de los casos, concentrarnos en esto sería sólo analizar la eficiencia del trámite pero no de la capacidad de construir vínculos de confianza, seguridad y veracidad que a fin de cuentas es la razón que nos convoca y aquí es cuando debemos ser honestos con nosotros mismos porque ¿quién responde a quién no pregunta? ¿quién pregunta cuando no tiene voz? ¿quién tiene voz si no le han enseñado a usarla?
En este sentido la primera carencia que debe ser mencionada es la educación porque no es casualidad que aquellos menos instruidos sean quienes más desconocen la norma siendo que aquí no sólo es necesario actualizar los planes de estudio, asegurar la permanencia en el sistema y reconocer los conocimientos adquiridos tanto por experiencia como por el método autodidacta sino que es necesario generar una ciudadanía responsable e involucrada con el desarrollo de su entorno, de su cultura y de sí misma porque cuando un ciudadano no cuenta con la preparación adecuada, pensamiento crítico ni sentido de pertenencia y superación – entre otras que podrían mencionarse- , carece de las herramientas para cuestionar puesto que aunque lo haga, no será capaz de analizar la respuesta, compararla e interpretarla por sí mismo para así convertirla en una denuncia, en una crítica fundamentada o en una mejora de la realidad, quedando así en una situación de dependencia que lo arroja a la merced de los intereses, de la demagogia y de la discursiva pero por otra parte, nos encontramos con aquellos que aún contando tanto con las herramientas como con las oportunidades necesarias, optan por la aparente comodidad del desinterés lo que lo convertirá en una víctima de los mismos males en los que se excusará para luego limitar su intervención al sufragio o a míseros gritos de indignación en la plaza pública de las redes sociales.
Y esto, en parte, es lo que convierte el derecho de acceder a los registros de los distintos organismos públicos en un privilegio que recae sobre unos pocos que efectivamente practican el necesario civismo del que hablaba Wilson Ferreira.
En segundo lugar pero no por ello menos importante deben mencionarse las carencias vinculadas a la descentralización del Estado pues cuando la actividad política, las normas y las distintas gestiones se desarrollan desde una perspectiva principalmente capitalina que atiende sólo a las grandes concentraciones urbanas, se genera una suerte de ausencia e incluso de paulatino abandono a los ciudadanos de los más diversos rincones del país, lo que se traduce en el desarraigo de los individuos pero encontrándonos con el cierre de cada vez más juzgados, siendo esta una cuestión que el Senador Camy se encuentra tratando en el Parlamento, no es necesario adentrarnos mucho más para comprender tanto las causas como la necesidad de velar por cada uno de los diecinueve departamentos con una visión específica para cada uno de ellos pues desde el momento en que no se asegura el derecho a acceder a la Justicia, resulta ilógico siquiera pensar en una política de transparencia.
Y teniendo en cuenta lo mencionado hasta el momento cabe destacar el proyecto de crear la ciudad universitaria por la que Jorge Larrañaga luchó a lo largo de su carrera política al igual que su acuerdo nacional por la educación siendo que de haberse conseguido antes los recursos e incluso me atrevo a decir, las voluntades, en este momento estaríamos viendo sus resultados. Lamentablemente, estamos ante la consecuencia lógica de más de una década desperdiciada por lo que a pesar de ser capaces de escrutar los registros de los más diversos organismos públicos, aún estamos lejos de la transparencia gubernamental que no sólo debemos desear sino que necesitamos para el desarrollo de nuestra sociedad pero sobre todo, de nuestra Democracia.
Hasta la próxima.
