El polémico juez porteño Roberto Gallardo, del juzgado de primera instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 de la Ciudad de Buenos Aires, hizo lugar al amparo del activista de izquierda Juan Grabois y ordenó al jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta a levantar el operativo de seguridad policial frente a la casa de Cristina Kirchner, en Recoleta, un barrio que vive acosado por grupos kirchneristas que intentan presionar a la Justicia para que no juzgue a la vicepresidenta por sus delitos de corrupción.
“Se ordena el cese en forma inmediata de la ejecución de cualquier operatoria policial directa o indirectamente vinculada con la custodia de la persona, familia y/o domicilio de la Señora Vicepresidenta de la Nación”, dice el fallo del juez Gallardo. “La custodia de la persona y domicilio de la Vicepresidenta sito en esta ciudad, están a cargo de las autoridades de seguridad federales”, que responden al gobierno nacional o sea al kirchnerismo.
Agrega: “ESTABLECER que la fuerza federal encargada de la custodia Presidencial será la habilitada para determinar, en función de las eventualidades especificas, el radio territorial de cobertura y las modalidades que asuman los operativos de prevención y/o contención en su caso”, no explicando cuál será el radio territorial de cobertura y las modalidades de los operativos.
El juez Gallardo ordena que “… la Policía de la Ciudad deberá continuar normalmente con sus tareas de prevención y persecución del delito en las adyacencias del domicilio de autos, en el marco de sus competencias legales y sin interferir en las tareas que despliegue en lo sucesivo la custodia federal vicepresidencial”, por lo cual esta orden podría generar conflictos entre las dos fuerzas policiales y tampoco ordena salvaguardar el derecho de los vecinos a no soportar a toda hora el acoso de los manifestantes, los gritos, los cánticos, las parrillas humeantes instaladas en plena calle con asado y chorizos, las bombas de estruendo y el lanzamiento de fuegos artificiales.
El Gobierno kirchnerista no está dispuesto a detener las protestas y el presidente Alberto Fernández asegura que no impedirá que la gente se exprese, sin importar que se moleste y acose a los vecinos.
La multimillonaria vicepresidenta Cristina Kirchner considera que son “manifestaciones de alegría y amor” y no tiene en cuenta el daño ocasionado a sus vecinos
Hasta hoy la seguridad de la zona y el edificio donde vive Kirchner estaba a cargo de las fuerzas policiales de la Ciudad de Buenos Aires, porque la Policía Federal “convenientemente” no se hacía cargo porque, según analistas, no convenía al gobierno nacional enfrentarse y reprimir las manifestaciones de los kirchneristas afines a la vicepresidenta, que acampaban en el lugar provocando el malestar de los vecinos, que se ven acosados, día y noche, por los manifestantes con gritos, bengalas de estruendo, bombos y platillos, robos y daños en vehículos de los habitantes de la zona, sumándose la instalación de parrillas para cocinar y vender comida.
Los violentos incidentes ocurridos el pasado sábado, donde la Policia de la Ciudad colocó vallados para evitar la llegada los manifestantes que volvían luego de la lluvia a instalarse en el barrio de Recoleta, provocó la reacción de estos que atacaron a los uniformados y destrozaron el vallado.
Según analistas, hay una doble Justicia, una para Cristina Kirchner y otra para los sufridos vecinos.
INFOBAE informaba en la noche de este lunes 29 de agosto:
