La Ministra del Interior de Chile, Izkia Siches ha anunciado que el Ejecutivo presentará un proyecto de ley que permitirá la simplificación de los procedimientos para realizar expulsiones administrativas de extranjeros que hayan cometido delitos en el país o ingresado de manera ilegal a territorio chileno.
En este sentido la titular de cartera ha sido enfática en señalar que todos los extranjeros que quieran ingresar al país de forma irregular tendrán que verse las caras con la justicia, más aun, en tiempos en que la nación austral vive una de las crisis migratorias más importantes de la historia reciente, especialmente en el norte del país, en la frontera con Bolivia, donde día a día atraviesan cientos de migrantes venezolanos hacia Chile.
“Nuestro gobierno está comprometido en avanzar en una migración ordenada y regular. Aquellas personas que pretendan ingresar a nuestro país por pasos irregulares o aquellos que vengan a delinquir a nuestro país, los vamos a perseguir, procesar y expulsar de Chile”, ha dicho.
En este sentido ha especificado que la medida prevé dar una solución a la compleja burocracia existente en la actualidad a la hora de realizar expulsiones administrativas, ya que se debe comunicar personalmente el inicio del procedimiento. La iniciativa propuesta permite hacerlo por carta certificada o, eventualmente, por correo electrónico. La modificación no afecta el debido proceso toda vez que la medida de expulsión requiere la notificación personal en sus siguientes etapas.
Apoyo de las Fuerzas Armadas
Por otra parte la Ministra Siches ha confirmado la extensión del decreto 265 que permite el apoyo de las Fuerzas Armadas en el control fronterizo, al tiempo de informar que se destinarán una serie de recursos financieros para ser utilizados para la compra de tecnología y equipos para Carabineros (policía militarizada), la Policía de Investigaciones, el Servicio Nacional de Aduanas y la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante a fin de mantener un control más eficiente de la migración, fiscalizar el tráfico de drogas y la trata de personas.
