EDITORIAL.-
El quinto Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, reconocido por la ONU, se conmemorará el 21 de agosto de 2022, pero muchas organizaciones de izquierda ignoran este día porque se recuerdan hechos muchas veces protagonizados por grupos terroristas de esa ideología que atacaron, secuestraron y asesinaron a inocentes
Los casos de silencio y ocultamiento de esta fecha se verifican en colectivos proetarras y partidos políticos ultras en España, de los Tupamaros y el OPR-33 en Uruguay, de Sendero Luminoso en Perú, de las FARC, el ELN y el M-19 en Colombia, partidos y sindicatos de izquierda en Argentina, Bolivia, México, Brasil, Ecuador y Uruguay entre otros países. Solo se habla del terrorismo de Estado, pero nunca de los terroristas que segaron vidas de inocentes a través de acciones subversivas en contra de las instituciones y de los pueblos.
El recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo juega un papel central para demostrar que su condición de víctimas es respetada y reconocida. El Día Internacional sirve para conmemorar y defender la dignidad de las víctimas y destaca la importancia de la solidaridad mundial para garantizar que las víctimas de las guerrillas armadas no sean olvidadas.
Para recordar la quinta conmemoración del Día Internacional, la Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo (UNOCT) está organizando un evento pregrabado de alto nivel titulado ‘Sobrevivir al terrorismo: el poder de los recuerdos’ que se transmitirá el domingo 21 de agosto de 2022 , en ONU Web TV. El evento pregrabado será inaugurado por el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, y contará con la participación de los copresidentes del Grupo de Amigos de las Víctimas del Terrorismo, la República de Irak y el Reino de España, testimonios de cuatro víctimas del terrorismo, y palabras de clausura del Secretario General Adjunto de Lucha contra el Terrorismo, Vladimir Voronkov.
Fuera de esto, hay preguntas sin respuestas sobre el tratamiento a las víctimas y un caso emblemático es el de Uruguay, donde arbitrariamente se juzga a quienes combatieron al terrorismo que azotaba a la sociedad, a través de grupos subversivos dejando un enorme reguero de muertos, pero no se castiga a estos culpables; al contrario se les premia con pensiones de por vida, mientras que a las víctimas de esos terroristas se le niega el derecho a un resarcimiento.
Por ejemplo, en Montevideo existe un Fiscal Letrado Penal en Crímenes de Lesa Humanidad, que se ocupa de investigar y acusar en casos de presuntas violaciones a derechos humanos por parte del Estado, pero no actúa en causas que también son crímenes de lesa humanidad, dejando de lado y por citar solo algunos hechos, acciones imperdonables como el asesinato del chofer de la empresa de transporte Cutcsa, Vicente Oroza.
Vicente Oroza, chofer de la empresa de transporte público Cutcsa, asesinado por un tupamaro – plenamente identificado – en el Cerro de Montevideo, por negarse a atropellar con el ómnibus a un grupo de las fuerzas conjuntas que realizaba un control callejero, también en años de democracia. En el hecho los tupamaros hirieron a un soldado que subió al vehículo y Oroza intentó protegerlo y para ello les abrió la puerta trasera del autobus a los terroristas para que pudieran escapar, pero el tupamaro, que además era su vecino del barrio, asesinó a Oroza con varios balazos. (28 de junio de 1972). Hoy su asesino cobra una pensión del Estado como ex preso político. Una remuneración extensible a sus descendientes y la familia de la víctima no recibe ni un reconocimiento.
Habría que preguntarle al fiscal especializado si esto no es un crimen de lesa humanidad.
En este caso, el hijo del asesinado chofer de Cutcsa escribió en Twitter sobre el asesino de su padre que hoy cobra una pensión reparatoria por parte del Estado otorgada por el gobierno del Frente Amplio:
A esto hay que sumarle los nombres de quienes -entre muchos casos- ejecutaron en años de democracia al inocente peón rural Pascasio Báez, ( 21 de diciembre de 1971), quien buscando en un campo un caballo perdido se encontró de casualidad con un escondite de los tupamaros que lo detuvieron durante dos meses para luego ejecutarlo con una inyección de pentotal para que no los delatara. El ex guerrillero tupamaro Jorge Zabalza, consideró este crimen, “un delito de guerra contra un ciudadano totalmente ajeno a la confrontación que se desarrollaba en el Uruguay”.
Juan Andrés Bentancur, sereno de la fábrica Niboplast, asesinado al dar aviso a la policía de que los tupamaros estaban robando en dicha empresa el 22/06/71. Para la familia no hay resarcimiento.
Al Dr. Julio Federico Morato Manara, asesinado por los tupamaros en su domicilio cuando intentaron robarle material quirúrgico. El eminente y reconocido científico se resistió al ataque de los tupamaros y se trabó en lucha con los terroristas quienes le dispararon a quemarropa sin ningún reparo. Murió en el lugar ante su esposa mientras los asesinos se dieron a la fuga – 04/05/72; a Hilaria Quirino, una madre que se desempeñaba como cuidadora del Club de Bowling de Carrasco, que en el atentado terrorista de los tupamaros fue herida de gravedad y nunca logró recuperarse de aquel trágico e injusto episodio que la marcó a fuego hasta el final de sus días. Ni ella ni sus cuatro hijos, recibieron justicia desde el atentado en 1970, en democracia. No hay pensiones para ellos.
La INDDHH no se pronuncia y la ONU guarda silencio
Los casos en que solo por presunción y sin pruebas se condena a militares que ni siquiera estaban en el lugar de los hechos que se les adjudican. Las pruebas no se toman en cuenta, solo se condena.
Entonces, estamos ante casos donde los victimarios perciben pensiones y las víctimas son ignoradas y quienes actuaron defendiendo a las instituciones terminan procesados sin derecho a defensa.
¿La víctimas del terrorismo de los grupos subversivos no deberían ser tenidas en cuenta por el Fiscal Letrado Penal en Crímenes de Lesa Humanidad?
En definitiva y al contrario de la famosa frase, hoy ya no quedan jueces en Berlín.
