A la discusión generada en Uruguay por un juez civil, que sin una base científica sólida y atendiendo la denuncia de un abogado, prohibió la vacunación de niños con dosis para combatir el covid-19, una medida que ha recibido el amplio rechazo de la comunidad de científicos y de asociaciones médicas del país y del exterior, aparecen dos diputados de Cabildo Abierto, defendiendo la no vacunación que ha salvado millones de vidas en todo el mundo.
Reaparece la “iluminada” legisladora Elsa Capillera, la del doble discurso que un día, al inicio de la pandemia, explicó que no se vacunaría contra el coronavirus: “Yo por mi fe cristiana soy de inmunidad natural. A no ser la de la vacuna antitetánica, no tengo otras vacunas. Tampoco tomo medicación alguna. Tengo un cuidado personal de la salud”, aseveró la diputada Elsa Capillera, pero terminó contagiada. Se ve claramente que no tenía “inmunidad natural” y que desde allá “arriba” no la tenían en consideración.
En diálogo con medios de prensa, Capillera aseguró que “no sabe dónde se contagió”: “La verdad que no tengo ni idea, para nada”, sostuvo.
Consultada sobre cómo transcurre la enfermedad, indicó que “bien de bien”, no perdió ni el gusto ni el olfato, y que solo tiene un “poquito de tos y un dolorcito de cabeza nada más”.
Agregó que no se vacunará contra el covid-19 ya que ahora tiene “más inmunidad”. “Si ya no tenía antes pensado vacunarme, ahora que la tuve creo que menos. Por ahora no”, sostuvo.
Pero hay más, en su doble discurso, Capillera había apoyado la vacunación contra el flagelo:
Pero por ahora al desligitimar la vacuna, la cabildante no hace màs que generar incertidumbre e ignora que desde enero de este año se viene inoculando a menores en Uruguay con éxito.
Capillera con su colega parlamentario, Rodrigo Albernaz, defienden el fallo del juez Alejandro Recarey y albernaz señaló a El País, “Me parece que es una buena decisión como medida preventiva”, sostuvo el diputado y agregó “Luego de esto se va a dejar de presionar a aquellos padres que deciden no vacunas a sus hijos. Va a ser un antes y un después porque se va a actuar en función de la libertad que tanto pregona el gobierno”, afirmó, pero lo que el diputado sigue sin entender es que en Uruguay, la vacunación no es obligatoria y quien no quiera vacunarse, nadie le obliga a hacerlo.
Habría que exigir que algunos legisladores, que uno no sabe como llegaron allí, tengan formación para no generar incertidumbre en la población, porque lo que natura non da, salamanca non presta.
El director de la unidad de Inmunizaciones del MSP, el Dr. Gabriel Peluffo -quien además se desempeñó como profesor grado cuatro de pediatría en la Facultad de Medicina- explicó algo muy concreto en entrevista con el diario El País: Mi reflexión es que la responsabilidad en la función pública que tiene la decisión de un funcionario a veces va más allá del hecho en sí, y eso sucede ahora. Porque lo más preocupante del fallo es el impacto negativo que esto pueda tener en una política pública que lleva más de 40 años en el Uruguay, ha salvado vidas y cuenta con la aprobación de los uruguayos que han luchado para que las vacunas sean un derecho. Cuando una decisión así afecta más de lo que pretende proteger es llamativo. Yo creo que los uruguayos no le cortamos el derecho a otros, y es algo excepcional que se nos corte un derecho a algo que es voluntario.
Peluffo cree que la decisión de acabar con la vacunación pediátrica es “preocupante”, porque puede afectar a “la confianza en las vacunas” en la población.
Por su parte, el mensaje del Dr. Gustavo Grecco, especialista en Medicina Intensiva. Programa Nacional de Trasplante Hepático y ex Presidente del Sindicato Médico del Uruguay, es muy claro:
Un lector nos escribía sobre la resolución del juez Recarey y ahí está el punto relevante de la situación: “¿Que responsabilidad tendría este Sr: si un niño fallece o tiene alguna enfermedad, si contrae la enfermedad por no vacunarse en base a una disposición judicial de su autoría?
Por último el juez dice en un comunicado algo muy contradictorio: “no hay atentado alguno a la libertad de vacunación”, pero quien quiera vacunar a su hijo no puede hacerlo, porque su sentencia lo prohíbe. Al magistrado Recarey no le bastan las certificaciones de inminentes y reconocidos científicos uruguayos que avalan la vacuna y de la OPS que rechazan su dictamen.
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