Debido a la ausencia de abogados defensores de los acusados en la causa de corrupción que investiga la Justicia de Panamá, sobre el esquema de corrupción que permitió a la constructora brasileña Odebretch lavar millones de dólares, la primera audiencia fijada para el pasado lunes 18 de Julio, fue reprogramada para septiembre. En el proceso hay 50 imputados, entre ellos tres ciudadanos uruguayos.
Debido a la inasistencia, por diversos motivos, de cinco abogados defensores técnicos particulares a la audiencia preliminar por el caso “Odebrecht”, la cual estaba prevista para la mañana del pasado lunes 18 de julio de 2022, la jueza tercera liquidadora de causas penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, Baloísa Marquínez, suspendió el acto y, en consecuencia, se realizará en la fecha alterna fijada con anticipación para los días 12 al 30 de septiembre de 2022. Cabe aclarar que esta fecha fue establecida al programarse el calendario anual en el que figuran otros casos de alto perfil, entre ellos “Blue Apple”, del 16 al 26 de agosto.
La jueza admitió la excusa por incapacidad médica de tres defensores técnicos particulares, por cumplir con las formalidades de ley y en atención al derecho de defensa que les asiste a sus patrocinados, de conformidad con el artículo 10 del Código Procesal Penal. No obstante, uno de los defensores técnicos particulares que se acogió a la fecha alterna fue multado con B/.100.00, cantidad máxima que señala el artículo 2268 del Código Judicial para tal efecto, toda vez que la juzgadora consideró que no es válida la justificación de acogerse a la fecha alterna, tal como lo informó al tribunal.
Según el artículo de investigación periodística de Sudestada: “Panamá enjuicia a tres uruguayos por lavar dinero para Odebrecht”, los involucrados son la contadora Maya Cikurel, Andrés “Betingo” Sanguinetti y Juan Francisco Mutio, quienes están entre los 50 nombres que indaga la Justicia de Panamá por su participación en el esquema de corrupción.
La contadora Maya Cikurel, detenida en 2020 en Uruguay cuando se disponía a viajar a Buenos Aires y fue capturada por la policía en el puerto de Colonia, tenía un pedido de detención y extradición a Panamá, pero quedó en suspenso debido a que la Justicia uruguaya resolvió que el pedido para extraditarla debió ser formulado a través del Poder Judicial de Panamá y no por el Ministerio Público de ese país. Maya Cikurel está señalada en la causa por haber prestado servicios “para elaborar la estructura financiera que le permitiera a la caja 2 de Odebrecht, encubrir, ocultar, transferir la suma de dineros ilícitos hacia los beneficiarios finales”.
Andrés “Bettingo” Sanguinetti, fue acusado por un abogado y un exdirectivo de Odebrecht por haber abierto “cuentas para testaferros” desde su función de vicepresidente de la filial uruguaya de la Banca Privada de Andorra (BPA).
El tercer involucrado para la Justicia de Panamá, es Juan Francisco Mutio Cerdeiras, expresidente de la sociedad anónima uruguaya Sherkson International que habría lavado millones de dólares para la constructora Odrbrecht. Está señalado como uno de los “beneficiarios finales de sociedades que alimentaron con dinero ilícito cuentas en las cuales se beneficiaron funcionarios públicos panameños, en razón de coimas por proyectos estatales”.
