“Si la justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justícia”. (Paul Auster)
¿Puede un juez imponerse -porque a él se le ocurre- a la decisión libre y soberana de un padre o madre que quieren vacunar a sus hijos contra el covid 19?. Tengo derecho a discrepar, como individuo libre en un país democrático, más aún cuando la efectividad de las vacunas contra el coronavirus han dado buenos resultados en todo el mundo, incluso en niños con el aval de científicos y la OMS.
La vacuna contra el coronavirus en Uruguay no es obligatoria y cada ciudadano es libre de inocularse o no. Averiguar, informarse y decidir es el derecho inalienable de la ciudadanía, sin necesidad de que un magistrado se convierta, a la fuerza, en tutor de los uruguayos y excluya a quienes entienden que sus hijos deben vacunarse contra el coronavirus.
Prohibir, eso es un triste recuerdo que tenemos los habitantes de este país de un pasado reciente, ahora reactivado lamentablemente por hechos incentivados de unos pocos terraplanistas, que llevan ante un juez “sus demandas”. No muchos por supuesto.
No vi con la misma celeridad la intervención judicial para revertir la decisión de un grupo parlamentario, años atrás, de negarle los medicamentos de alto costo a enfermos terminales, ni tanto escándalo como ahora.
Tampoco vi la denuncia de algún abogado ignoto, que reaccionara indignado cuando el Senado de la República por resolución del Frente Amplio, negó la ayuda económica para acondicionar al Clínicas, el hospital de los pobres, pero se le dio los millones para que la entonces presidenta de Antel, Carolina Cosse, construyera el faraónico Antel Arena, con el dinero de todos los uruguayos y que costó más del doble de lo estipulado.
¿Dónde estaban los que hoy se rasgan las vestiduras y se autoproclaman “defensores del pueblo”?
Conviene recordar las directrices oficiales del Foro de São Paulo emanadas de la reunión en Managua en 2017, donde se presentó la resolución que expresa textualmente:
“La izquierda debe proponerse la toma de todas las instituciones y no solamente la presidencia o las diputaciones. Es importantísimo la toma del poder judicial, los aparatos militares y los medios de comunicación. La izquierda debe aprovechar las jornadas electorales como tribuna para denunciar a la derecha y posicionar su proyecto. Utilizando no solamente lo que pasa en cada país, sino lo que pasa en el resto del mundo, ya sea a nuestro favor o cuestionando al imperialismo”.
Luego el Foro de São Paulo, agrega:
“La izquierda debe proponerse tomar todos los espacios posibles de radio, prensa y televisión, aunque sea a nivel de programas pagados para erosionar a los partidos de derecha y propagandizar nuestro proyecto, a nivel local, nacional e internacional, entendiendo que todo ciudadano, independientemente de sus posiciones políticas, es objeto y sujeto de nuestra atención y para los cuáles siempre tiene que haber un discurso, de lo contrario seguiremos perdiendo el tiempo dirigiéndonos solamente a los sectores convencidos y desde una posición más sectaria que educativa”.
Un abogado y un juez que dicen saber más que el mundo científico
Un abogado uruguayo, un tal Maximiliano Dentone, que presentó la demanda donde habla de presuntos planes conspirativos de la vacuna de Pfizer y un juez, Alejandro Recarey, que dio trámite a algo que la ciencia ha demostrado que es fiable, como la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP) que ha reafirmado que las vacunas anticovid son “seguras y efectivas”.
“Cada vez existe más evidencia sobre el beneficio y la seguridad de la vacunación contra el covid-19, y que los resultados del proceso de inmunización son muy claros. En el mundo se han vacunado a la fecha millones de niños y la OMS (Organización Mundial de la Salud) la considera segura y efectiva y la continúa promoviendo”, expresa el texto de la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP).
También, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se puso a disposición del gobierno uruguayo y expresó su apoyo a su plan de vacunación, tras el fallo del juez Alejandro Recarey que suspende la inoculación anticovid a niños menores de 13 años en el país, informó El Observador y confirmó El País.
El ministro uruguayo de Salud Pública, Dr. Daniel Salinas, dijo en un comunicado que “poner en duda la seguridad y eficacia de las vacunas implica un grave perjuicio al status vacunal y sanitario logrado en nuestro país” y agregó, “La vacuna permitió mantener íntegro y activo el sistema sanitario que en ningún momento colapsó, a diferencia de lo que pasó en otros países”.
https://twitter.com/DrDanielSalinas/status/1545105954030686208
Por su parte el Dr. Gustavo Grecco, ex Presidente del Sindicato Médico del Uruguay, escribió en Twitter: “El pensamiento mágico de los antivacunas pone en marcha un mecanismo judicial que se presta al disparate de suspender la vacunación argumentado vicios contractuales. Vengan con nosotros a los CTI, podemos compartirles el dolor, la enfermedad y la muerte de los no vacunados”.

El presidente del izquierdista Frente Amplio, Fernando Pereira, defendió la vacunación contra el covid-19 y al igual que el gobierno considera que la decisión del juez es “un profundo error, sobre todo considerando que la vacunación no es obligatoria”.

Un gran papelón internacional, que deja al país en una posición que no merece.
Esto no no parece ser pura coincidencia y la Suprema Corte de Justicia debería intervenir, para defender los derechos de los ciudadanos por imposiciones que la mayoría no pidió.
Parece que ya no quedan jueces en Berlín…

Las redes sociales contra los antivacunas
https://twitter.com/LuchoGrasiuso/status/1545111286349979648
https://twitter.com/recontrafilo/status/1545103120375635969
https://twitter.com/GeraTapie/status/1545140806381699072
https://twitter.com/leohaberkorn/status/1545071649602641921
https://twitter.com/C5Caetano/status/1545131593664184320
https://twitter.com/Gerardo96602630/status/1545133781874507779
https://twitter.com/LuchoGaiero/status/1545155085545652231














Qué saben estos dos el abogado y el juez sobre ciencia? Un solo niño que muera por COVID, será responsabilidad de ambos y debe caerles todo el peso de la Justicia.
Recarey y Dentone son extremistas junto a ese personaje incalificable de Salle
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