EEUU impuso restricciones de visa a 93 personas por acciones que deterioran la democracia en Nicaragua, anunció este lunes el secretario de Estado (canciller), Antony Blinken.
El Departamento de Estado “está dando pasos para imponer restricciones de visa a otros 93 individuos que se cree han socavado la democracia siguiendo la reelección ilegítima de Daniel Ortega de noviembre de 2021, incluyendo jueces, fiscales, miembros de la Asamblea Nacional y funcionarios del Ministerio del Interior”, indicó.
El funcionario añadió que Washington “continúa seriamente preocupado” por lo que calificó de “detenciones injustas” de líderes políticos y “abusos a miembros de la sociedad civil” nicaragüense.
Asimismo, advirtió con una “amplia gama de herramientas diplomáticas y económicas” contra Managua.
El comunicado de EEUU
Estados Unidos sigue profundamente preocupado por las detenciones injustas de presos políticos por parte del régimen Ortega-Murillo y los continuos abusos contra miembros de la sociedad civil. Seguimos comprometidos a aplicar una gama de herramientas diplomáticas y económicas para apoyar la restauración de la democracia y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua. Con ese fin, el Departamento de Estado está tomando medidas adicionales para imponer restricciones de visa a otras 93 personas que se cree que socavaron la democracia tras la reelección ilegítima de Daniel Ortega en noviembre de 2021, incluidos jueces, fiscales, miembros de la Asamblea Nacional y funcionarios del Ministerio del Interior.
Los jueces y fiscales alineados con el régimen comparten la complicidad en los esfuerzos del régimen de Ortega-Murillo para socavar la democracia a través de su participación en los enjuiciamientos y condenas de líderes de la oposición, defensores de los derechos humanos, líderes del sector privado y defensores de los estudiantes. Los miembros de la Asamblea Nacional y los funcionarios del Ministerio del Interior permitieron que el régimen de Ortega-Murillo reforzara su control autoritario sobre los ciudadanos e instituciones nicaragüenses mediante el uso de leyes represivas para despojar a más de 400 ONG y una docena de universidades de su estatus legal.
El régimen tiene a más de 180 presos políticos, muchos de los cuales sufren por falta de alimentación adecuada, atención médica adecuada e incluso luz solar. Un preso político ha muerto y otros permanecen en régimen de aislamiento. Los presos políticos detenidos bajo arresto domiciliario también sufren abusos y no pueden elegir sus propios proveedores de atención médica ni recibir visitas. Los sistemas judiciales y de seguridad corruptos del régimen arrestaron y enjuiciaron a estos líderes cívicos y defensores de los derechos humanos por decir la verdad, practicar un periodismo valiente, defender a sus comunidades a través del trabajo de las ONG y abogar públicamente por alternativas al gobierno represivo del régimen, actividades que deberían permitirse bajo La propia constitución de Nicaragua o cualquier sistema político democrático.
Estados Unidos reitera su llamado a la liberación inmediata e incondicional de los injustamente detenidos y al restablecimiento de la democracia y el estado de derecho en Nicaragua.
