Cura paraguayo acusado de acoso sexual: la denuncia fue desestimada por la Justicia

El sacerdote acusado Silvestre Olmedo fue señalado de haber acosado sexualmente a una joven en 2016; la mujer lo acusa de haberla manoseado cuando era voluntaria en grupos juveniles de la Parroquia San José de Limpio

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El sacerdote en el juicio - Imagen Poder Judicial

La decisión de la justicia de Paraguay de desestimar la primera denuncia de una mujer adulta contra un sacerdote por acoso sexual encendió las alarmas y la indignación de movimientos feministas. Su defensa advierte que se trata de un caso “preocupante” de impunidad, y alertan un “patrón” en fallos judiciales que podría sugerir una influencia de la Iglesia Católica en los tribunales.

Este hecho recuerda los casos protagonizados por el ex obispo católico Fernando Lugo, que durante el ejercicio de su función sacerdotal, dejó embarazadas a varias mujeres paraguayas. En 2009, Lugo ocultaba sus acciones sexuales como sacerdote pero tras una denuncia pública, reconoció que era padre de un hijo ilegítimo, que había tenido siendo aún obispo. Del mismo modo, en 2012 reconoció ser padre de otro hijo, también concebido ilícitamente mientras era obispo. Otras dos mujeres le han reclamado la paternidad de sus hijos.

Lugo, luego pidio al Vaticano una dispensa dedicarse a la política e incluso llegar a ser presidente del Paraguay entre 2008-2012, cuando fue destituido por el Poder Legislativo, por un artículo de la Constitución que posibilitaba su destitución, debido a un hecho luctuoso donde las fuerzas policiales , bajo órdenes del Ejecutivo, desalojó a la fuerza a los ocupantes de una toma de tierras, donde murieron 17 personas;  (once campesinos y seis policías), suceso que provocó fuertes críticas en el país, provocando la dimisión del ministro del Interior, Carlos Filizzola, y del comandante de la policía, Paulino Rojas.

El caso actual

El caso de acoso sexual que involucra al sacerdote paraguayo Silvestre Olmedo podría llegar a instancias internacionales, dijo este viernes María José Durán, abogada de la víctima.

“Desde el consultorio vamos a tomarnos el tiempo prudente de hacer un análisis más exhaustivo y sobre eso tomar una decisión (respecto a) si están dadas las condiciones para recurrir a la Corte Suprema de Justicia, a la sala penal, a través de la figura de la casación, sin descartar la posibilidad de ir a instancias internacionales”, dijo Durán.

Medios locales informaron el martes que un tribunal de apelaciones anuló la sentencia que pesaba contra Olmedo, quien había apelado la condena de un año de prisión.

El diario Última Hora señaló el acoso se había dado cuando la joven era voluntaria en la parroquia San José, en grupos juveniles, ante autoridades civiles y eclesiásticas. Afirmó que el religioso la manoseó aprovechándose de la confianza que ella tenía hacia él. El caso se dio en el 2016.

Según el diario ABC Color, el tribunal estuvo integrado por tres miembros, dos de los cuales votaron por la prescripción del delito y uno por la absolución de culpa.

“Todavía no hemos tomado la decisión, vamos a ir primero por las condiciones para llegar a la Corte (Suprema de Justicia), luego evaluaríamos si sería ante Naciones Unidas o la Corte Interamericana (de Derechos Humanos). Esta decisión tenemos que tomarla con (la víctima) Alexa (Torres). Tenemos que hacer un análisis detallado del contenido del fallo”, agregó la abogada.

Olmedo fue señalado de haber acosado sexualmente a Torres en 2016; la mujer lo acusa de haberla manoseado cuando era voluntaria en grupos juveniles de la Parroquia San José de Limpio.

Óscar Rodríguez Kennedy, quien fue uno de los integrantes del tribunal y votó por la absolución de la culpa del sacerdote, dijo al diario ABC Color que la denuncia no se configuró en la causa y que los hechos descritos por la denunciante indicaban un acto aislado.

Afirmó que para que se acredite el delito de acoso sexual es necesario que el acto se haya realizado con persistencia y que el autor haya lesionado la libertad de la persona.

Además, afirmó que era necesario que el autor del delito tenga autoridad sobre la víctima.