El mandatario argentino, Alberto Fernández, vuelve a ignorar la falta de democracia del gobierno de Nicolás Maduro, las persecusiones brutales a los opositores, el acoso a la prensa independiente y anunció que Argentina restablecerá las relaciones diplomáticas plenas con el régimen tiránico de Venezuela.
“Argentina quiere recuperar su vínculo diplomático pleno con Venezuela”, señaló Fernández desde la sede del Ejecutivo, la Casa Rosada, durante una conferencia de prensa conjunta con su par de Ecuador, Guillermo Lasso que ha llegado de visita al país.
Como presidente protémpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), cargo en el que este 18 de abril cumple 100 días, Fernández convocó a todos los países de la región “a revisar” sus lazos diplomáticos con el país caribeño “porque Venezuela ha pasado un tiempo difícil”, dijo sin mencionar la falta de libertades en el país caribeño.
“Estamos viendo cómo a partir de los acuerdos logrados por el Grupo [Internacional] de Contacto, Venezuela ha ido avanzando en su proceso electoral, y creemos que es momento de ayudar a Venezuela a que el diálogo recupere plenamente su normal funcionamiento como país y sociedad”, aseguró Fernández.
La Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, “tomó cartas en el asunto e intervino” al trabajar junto al Gobierno de Nicolás Maduro, recordó el jefe de Estado argentino, pero ignoró la realidad de los dichos de Bachelet sobre Venezuela: “Reitero que todas las personas detenidas arbitrariamente deben ser puestas en libertad; y deben respetarse las garantías del debido proceso, incluidas las establecidas por las recientes reformas. Las personas detenidas deben tener acceso a una atención médica adecuada. Mi Oficina ha estado llamando regularmente la atención de las autoridades sobre casos urgentes específicos”, alertó Bachelet.
Tras la última actualización de Bachelet en septiembre del año pasado, su Oficina documentó 93 incidentes relacionados con restricciones al espacio cívico y democrático de Venezuela, contando entre ellos la criminalización, las amenazas y la estigmatización de activistas de la sociedad civil, medios de comunicación independientes y sindicalistas.
Michelle Bachelet certificó además 24 casos de estigmatización de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y otros miembros de la sociedad civil por parte de agentes estatales desde su última puesta al día.
Por ello, Bachelet instó “fuertemente a las autoridades a fomentar el diálogo y la cooperación, y a construir un entorno seguro e inclusivo para todo el pueblo de Venezuela”.
A estos sucesos, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas añadió el cierre de ocho estaciones de radio y programas de radio durante el año pasado, presuntamente por orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y que por lo menos otros 13 casos similares fueron reportados por organizaciones de la sociedad civil. Además, se ha bloqueado el acceso a los sitios web de al menos siete medios de comunicación.
“El pueblo de Venezuela tiene derecho a fuentes de información independientes, y las libertades de los medios de comunicación deben ser protegidas”, destacó.
En particular, mostró su preocupación por los enjuiciamientos de miembros de la ONG de derechos humanos Fundaredes. Aunque dos de sus miembros ya fueron puestos en libertad condicional todavía siguen enfrentándose a cargos penales. El director de la Organización, Javier Tarazona, sigue detenido y destacó que “su salud parece deteriorarse”.
