Por Raúl Vallarino.-
El desestabilizador Foro de São Paulo, tiene ahora su mirada fija en la democracia de Uruguay, como ya lo hizo previamente para generar marchas masivas violentas en Chile, en Ecuador y en Colombia.
Uruguay tiene un gobierno democrático, considerado como uno de los mejores de la región, que derrotó en las últimas elecciones al izquierdista Frente Amplio, que luego de 15 años gobernando el país, se fue dejando altos índices de inseguridad ciudadana, los peores registros en educación, las políticas económicas cuestionadas por gastos millonarios inútiles, evidentes en el caso de la fracasada regasificadora y en las “ayudas” a negocios inviables como Alas U, o Envidrio, entre otros varios y la construcción faraónica del estadio Antel Arena, un símbolo del derroche del dinero del pueblo, que el gobierno del Frente Amplio anunció costaría 44 millones de dólares y terminó costando 118 millones de la moneda norteamericana. Esto ocurría, mientras los legisladores del FA le negaban el dinero para la modernización del Clínicas, el hospital del pueblo, donde se asisten las personas más carenciadas y se impedía la compra de medicamentos de alto costo para enfermos terminales.
La lista de irregularidades es más extensa, mucho más larga, pero este no es el tema de este artículo. Vamos a revelar los planes de desestabilización del Foro de São Paulo.
Chile: el plan del Foro de São Paulo contra el gobierno de Piñera
La prueba evidente de como se realizaron las acciones de desestabilización del Foro de São Paulo, en complicidad con la izquierda chilena, se explican a continuación y comenzaron con la exigencia violenta para cambiar la Constitución heredada de Pinochet; algo que durante los gobiernos izquierdistas de Ricardo Lagos y los dos de Michelle Bachelet, parecía no molestar, pero con Piñera si y contra él arremetieron, empleando premeditada violencia en las calles.
¿Por qué la izquierda chilena, durante gobiernos socialistas, no exigió cambiar la Constitución heredada de Pinochet y apelaron a la violencia para exigírsela al actual gobierno de Piñera?
Desde el regreso a la democracia, pasaron por la presidencia de Chile varios mandatarios de izquierda -socialistas como Ricardo Lagos y Michelle Bachelet (en dos mandatos)- y a ninguno se le ocurrió consultar en un plebiscito si los chilenos estaban de acuerdo o no en redactar una nueva Carta Magna, tampoco los colectivos de izquierda se lo exigieron a sus presidentes afines.
El plebiscito llegó y se realizó luego de las violentas acciones emprendidas en 2019 por parte de colectivos de izquierdas con enfrentamientos que dejaron un saldo importante de víctimas por los desmanes producidos en protestas multitudinarias.
¿Había que apelar a la violencia para exigir cambiar la Constitución que dejó Pinochet? ¿Durante los gobiernos socialistas de Lagos y Bachelet, la Carta Magna pinochetista no molestaba y ahora si?
Mirando a Uruguay
Conviene recordar las directrices oficiales del Foro de São Paulo emanadas de la reunión en Managua en 2017, donde se presentó la resolución que expresa textualmente: “La izquierda debe proponerse la toma de todas las instituciones y no solamente la presidencia o las diputaciones. Es importantísimo la toma del poder judicial, los aparatos militares y los medios de comunicación” y agrega el documento del Foro: “La izquierda debe proponerse tomar todos los espacios posibles de radio, prensa y televisión, aunque sea a nivel de programas pagados para erosionar a los partidos de derecha y propagandizar nuestro proyecto, a nivel local, nacional e internacional, entendiendo que todo ciudadano, independientemente de sus posiciones políticas, es objeto y sujeto de nuestra atención y para los cuáles siempre tiene que haber un discurso, de lo contrario seguiremos perdiendo el tiempo dirigiéndonos solamente a los sectores convencidos y desde una posición más sectaria que educativa”.
En estos días, desde el Frente Amplio, que integra el Foro de São Paulo, se activan movilizaciones muy similares a otras de la región, coincidiendo con la premisa de intensificar acciones ante consultas electorales, como el próximo referéndum propiciado por la izquierda, para intentar anular 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), con la paradoja de que esos artículos, hoy impugnados, son los mismos que los legisladores del Frente Amplio votaron favorablemente para que se convirtieran en Ley. Ahora se oponen.
El Foro de São Paulo, pide a sus acólitos, comenzar con un cúmulo de exigencias que irán en aumento hasta desembocar en enfrentamientos violentos con las autoridades, como se hizo en Chile y en Colombia. El plan es victimizarse ante los medios de prensa y generar heridos.
Este lunes, el sindicato de trabajadores de la estatal refinadora de crudo, Ancap, fue en forma desmedida a intentar presionar al presidente Lacalle Pou, que demostró que no se esconde y ante un exacerbado presidente de Fancap, Gerardo Rodríguez, lo puso en su lugar y le dijo que antes, con un gobierno de izquierda afín, callaban y ahora exigen.
En los actos de campaña para el referéndum sobre la LUC, activistas del Frente Amplio, con un estilo prepotente amenazan a los que no votan por el SI y lo hacen por el NO a la derogación de los 135 artículos de la LUC.
El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, exigió hoy al ministro del Interior del Gobierno, que en un plazo de un mes, responda por presuntas 50 denuncias de abuso policial, algo que jamás exigieron cuando gobernaba la izquierda y los abusos, entre otros se verificaron con el accionar policial de esos años.
En septiembre de 2015, bajo el mandato del izquierdista Tabaré Vázquez, se dio la orden de desalojar el edificio del Codicen ocupado por docentes en reclamos del sector. El informativo Subrayado daba cuenta de los hechos: “Se registraron graves incidentes en la noche de este martes frente al edificio sede del Codicen en la calle Colonia y Avenida del Libertador. Hubo 12 detenidos (11 hombres y una mujer, todos mayores) y siete policías heridos, además de una veintena de efectivos lesionados leves, según informa el Ministerio del Interior. Entre los detenidos se encuentra Emiliano Mandasen, presidente del sindicato de docentes de enseñanza Secundaria de Montevideo”.
El 20 de marzo de 2017, el entonces presidente de la República Oriental del Uruguay, Tabaré Vázquez y nueve ministros de su gabinete frenteamplista, firmaron un decreto habilitando a la policía, sin previa orden judicial, a disolver piquetes o cortes de ruta, así como cualquier tipo de manifestación que alterara el orden y la seguridad pública.
El decreto facultaba al Ministerio del Interior del Frente Amplio a tomar las medidas necesarias y reprimir frente a los casos en que se obstaculizaran las rutas, calles o caminos. Pero hoy parece que esto se olvida.
La medida se tomó pocos días después de que se formara, según supo El País, un piquete frente a los accesos a las instalaciones de la planta de celulosa de Montes del Plata conformado por personas que pedían trabajar allí.
El segundo artículo del decreto indica que “la intervención de la autoridad policial a los efectos indicados en el artículo anterior se efectuará a fin de garantizar el derecho a la libre circulación, el orden público y la tranquilidad”.
La doble vara de medir: si el decreto lo firmó y aplicó Tabaré Vázquez está bien; si lo aplica Lacalle Pou es represión
El doble discurso de la izquierda de Uruguay, no deja dudas sobre la aplicación del decreto para garantizar la libre circulación, que es bueno si lo utiliza para reprimir un gobierno del Frente Amplio, pero no es admisible, si con los mismos argumentos, lo aplica el actual gobierno.
Este viernes 10 de diciembre de 2021, la Coordinadora de la Interdepartamental de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott), quiso impedir la libre circulación de autobuses interdepartamentales que salían con distintos destinos desde la terminal de Tres Cruces, coartando el derecho a trabajar, si no se está de acuerdo con la huelga.
Los manifestantes no atendieron el pedido de la policía de permitir la libre circulación y comenzaron los disturbios violentos generados por los sindicalistas y un agente policial disparó balas de goma, para disolver la manifestación.
Entonces surgieron las protestas de los gremialistas, acusando a las autoridades de represión.
Hoy se ha legislado respecto a estos temas de huelgas, derechos y obligaciones, a través de la Ley de Urgente Consideración (LUC) con el artículo 392 – Ley N° 19889 (Libertad de trabajo y derecho de la dirección de la empresa). – El Estado garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente.
Pero a estas libertades, que defienden el derecho del trabajador a no ser obligado por los sindicatos a sumarse a una huelga con la que no está de acuerdo, se oponen el Frente Amplio y el Pit-Cnt, pretendiendo derogar este artículo de la LUC, que en definitiva protege y defiende a los trabajadores, frente a la imposición sindical.
Pero si todo parece insólito y poco creíble, una dirigente de una “asociación de víctimas de la delincuencia”, que se manifiesta de izquierda, salió públicamente a apoyar el voto por el SI, que en caso de triunfar anula sanciones más severas para los delincuentes y como marca la normativa del Foro de São Paulo, el Frente Amplio, lo difunde en los medios de comunicación.
Otro caso es el de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), que como es público y notorio, no demuestra imparcialidad y como dijera el expresidente Julio María Sanguinetti en un artículo de Correo de los Viernes: “La Institución de Derechos Humanos está ayudando a los delincuentes”.
La Inddhh, no defiende los derechos de las víctimas inocentes de la guerrilla tupamara y eso demuestra su posicionamiento.
El Foro de São Paulo, agradecido.
