El Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, informó que el canciller de este país, Dr. Euclides Acevedo, recibió este miércoles en audiencia al embajador de la República Oriental del Uruguay, Fernando Sandin Tusso, quien fue invitado a la misma a efectos de reiterar el firme reclamo del Paraguay para la ejecución de la extradición del banquero uruguayo, José Peirano Basso, la cual fuera otorgada el año pasado por la justicia uruguaya.
El canciller Acevedo transmitió al embajador Sandin la preocupación por la decisión de la Justicia uruguaya de otorgar libertad ambulatoria a Peirano, la que fuera recurrida por el Paraguay mientras se sustancia la apelación deducida en la preferencia a la República del Paraguay en la entrega del requerido José Peirano Basso, en relación a otro pedido de extradición tramitado en dicho país.
También le expresó al embajador Sandin que el sometimiento de Peirano Basso a la justicia para su extradición al Paraguay, recae exclusivamente en las autoridades de la República Oriental del Uruguay, por lo que urgió una favorable, pronta y definitiva decisión al respecto.
José Peirano Basso, es requerido por la Justicia paraguaya por las maniobras fraudulentas realizadas con el grupo Velox y la quiebra del Banco Alemán de Paraguay.
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Paraguay pide cancelación del estatus de refugiado de tres acusados de secuestro
En la oportunidad, el Canciller también reiteró el reclamo del Paraguay para la cancelación del estatus de refugiado otorgado a Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, que recibieron el estatus de refugiados durante el gobierno del izquierdista Frente Amplio en 2010. Manifestó que se aguarda una decisión favorable tanto en el recurso de apelación interpuesto en sede judicial; así como en los recursos de revocación, jerárquico y anulación interpuestos ante el Ministerio de Relaciones Exteriores respecto de las decisiones de la Comisión de Refugiados (CORE).
Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán huyeron de Paraguy antes del juicio oral y público, en el mes de agosto del 2003, tras descubrirse las posibles vinculaciones con el secuestro de María Edith de Debernardi. Los tres acusados habían llevado al Paraguay ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que finalmente falló a favor del Estado, que sentenció que no se habían violado sus derechos.
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