El 20 de marzo de 2017, el entonces presidente de la República Oriental del Uruguay, el izquierdista Tabaré Vázquez y nueve ministros de su gabinete frenteamplista, firmaron un decreto habilitando a la policía, sin previa orden judicial, a disolver piquetes o cortes de ruta, así como cualquier tipo de manifestación que alterara el orden y la seguridad pública.
El decreto facultaba al Ministerio del Interior del Frente Amplio a tomar las medidas necesarias y reprimir frente a los casos en que se obstaculizaran las rutas, calles o caminos. Pero hoy parece que esto se olvida.
La medida se tomó pocos días después de que se formara, según supo El País, un piquete frente a los accesos a las instalaciones de la planta de celulosa de Montes del Plata conformado por personas que pedían trabajar allí.
El segundo artículo del decreto indica que “la intervención de la autoridad policial a los efectos indicados en el artículo anterior se efectuará a fin de garantizar el derecho a la libre circulación, el orden público y la tranquilidad”.
En septiembre de 2015, bajo el mandato de Tabaré Vázquez, se dio la orden de desalojar el edificio del Codicen ocupado por docentes en reclamos del sector. El informativo Subrayado daba cuenta de los hechos: “Se registraron graves incidentes en la noche de este martes frente al edificio sede del Codicen en la calle Colonia y Avenida del Libertador. Hubo 12 detenidos (11 hombres y una mujer, todos mayores) y siete policías heridos, además de una veintena de efectivos lesionados leves, según informa el Ministerio del Interior. Entre los detenidos se encuentra Emiliano Mandasen, presidente del sindicato de docentes de enseñanza Secundaria de Montevideo”.
La doble vara de medir: si el decreto lo firmó y aplicó Tabaré Vázquez está bien; si lo aplica Lacalle Pou es represión
El doble discurso de la izquierda de Uruguay, no deja dudas sobre la aplicación del decreto para garantizar la libre circulación, que es bueno si lo utiliza para reprimir un gobierno del Frente Amplio, pero no es admisible, si con los mismos argumentos, lo aplica el actual gobierno.
Este viernes 10 de diciembre de 2021, la Coordinadora de la Interdepartamental de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott), quiso impedir la libre circulación de autobuses interdepartamentales que salían con distintos destinos desde la terminal de Tres Cruces, coartando el derecho a trabajar, si no se está de acuerdo con la huelga.
Los manifestantes no atendieron el pedido de la policía de permitir la libre circulación y comenzaron los disturbios violentos generados por los sindicalistas y un agente policial disparó balas de goma, para disolver la manifestación.
Entonces surgieron las protestas de los gremialistas acusando a las autoridades de represión.
Hoy se ha legislado respecto a estos temas de huelgas, derechos y obligaciones, a través de la Ley de Urgente Consideración (LUC) con el artículo 392 – Ley N° 19889 (Libertad de trabajo y derecho de la dirección de la empresa). – El Estado garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente.
Pero a estas libertades, que defienden el derecho del trabajador a no ser obligado por los sindicatos a sumarse a una huelga con la que no está de acuerdo, se oponen el Frente Amplio y el Pit-Cnt, pretendiendo derogar este artículo de la LUC, que en definitiva protege y defiende a los trabajadores, frente a la imposición sindical.
