Nicolás Maduro ha ordenado la repetición de la elección para gobernador del estado venezolano de Barinas, cuna política de la familia del expresidente Hugo Chávez.
Freddy Superlano, candidato opositor en Barinas del partido donde militaba Guaidó, ganó la gobernación de esa región llanera por un mínimo margen de 0,39% sobre su rival, el hermano del exmandatario Chávez, Argenis Chávez.
Un fallo de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, afín al chavismo, ordenó realizar nuevas elecciones el 9 de enero de 2022 por la presunta inhabilitación de Superlano por razones aún no esclarecidas.
La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en ponencia conjunta de las Magistradas y el Magistrado que la integran, declaró de mero derecho la resolución de la acción de amparo constitucional interpuesta con solicitud de medida cautelar, con fundamento en la Resolución N° 01-00-000334, de fecha 17 de agosto de 2021, dictada por la Contraloría General de la República, mediante la cual resolvió inhabilitar para el ejercicio de cualquier cargo público al ciudadano Freddy Francisco Superlano Salinas, titular de la cédula de identidad N° V-12.555.398, candidato por la organización con fines políticos Mesa de la Unidad Democrática, al cargo de Gobernador o Gobernadora del estado Barinas, en el proceso electoral celebrado el 21 de noviembre de 2021, de conformidad con el criterio vinculante establecido por la Sala Constitucional en la sentencia N° 993 de fecha 16 de julio de 2013.
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en manos de un homicida que fue expulsado del Poder Judicial por corrupto y luego restituido por Maduro
El Tribunal Supremo de Justicia, no es independiente, como debería serlo, es un organismo ultrachavista, presidido por el magistrado Maikel Moreno, un homicida y corrupto ex funcionario policial con antecedentes por varios delitos. Ahora Moreno ordenó, por instrucciones de Maduro, convocar a nuevas elecciones en Barinas.
Moreno fue funcionario policial de la DISIP (actualmente SEBIN). En 1987 es acusado por un homicidio en Ciudad Bolívar, saliendo en libertad dos años después. En 1989 vuelve a servir como oficial de segunda en la DISIP cumpliendo funciones como escolta del presidente Carlos Andrés Pérez durante su segundo mandato. Ese mismo año, según el expediente 552755, Moreno participó en el asesinato de Rubén Gil Márquez, esta vez en Caracas. En 1990 obtiene un segundo beneficio procesal, obteniendo un cargo como secretario de un juzgado en la ciudad de Caracas, sin volver a la DISIP. Tras graduarse como abogado, fue consultor y asesor legal de Aeropostal Alas de Venezuela entre 1997 y 2000, del Consejo Nacional Electoral (CNE) en 2000 y de la policía del municipio Sucre en 2001.
Según informa El Nuevo Herald, la carrera de Moreno como juez se vio interrumpida en el 2007, bajo acusaciones de haber recibido sobornos para ordenar la liberación de los acusados en el caso de asesinato de la abogada Consuelo Ramírez Brandt.
Tras ser destituido, el entonces canciller Nicolás Maduro lo designó como funcionario diplomático en la embajada de Venezuela en Roma.
Maduro despoja de poderes a la gobernación de Zulia
Este jueves 2 de diciembre se hizo pública la Gaceta Oficial que despoja de las competencias administrativas sobre el puente, peajes y aeropuertos al gobierno del Zulia (en manos de la oposición) y se le entregan a organismos del ejecutivo nacional, según informa La Patilla.
Las resoluciones ministeriales se hicieron oficiales en la Gaceta número 42.261 y fueron firmadas por el ministro del Poder Popular para el Transporte, Hipólito Abreu.
La resolución 012 de fecha 23 de noviembre de 2021 refiere la transferencia de los aeropuertos de La Chinita (Maracaibo), Oro Negro (Cabimas) y Santa Bárbara (Sur del Lago) a la empresa Bolivariana de Aeropuertos (BAER).
Mientras que la resolución consiguiente, numerada como la 013, decide “Encomendar a la Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (Fontur), por razones técnicas y de eficacia la administración y operación de las estaciones de peajes, así como los recaudos provenientes de la actividad recaudadora de los mismos, específicamente la del estado Zulia, incluyendo las situadas en el Puente General Rafael Urdaneta“.
