El gobierno de Estados Unidos ha anunciado una serie de sanciones contra nueve altos cargos de Nicaragua por su rol activo en violaciones a los Derechos Humanos y políticas antidemocráticas en contra de los ciudadanos en el marco del reciente proceso electoral en el país centroamericano que ha concluido el pasado 07 de noviembre, cuando se ha perpetuado en el cargo al dictador Daniel Ortega, al tiempo de emprender una cruzada, sin precedentes, contra los candidatos opositores y manifestantes contrarios al régimen.
Las sanciones son en “respuesta a las falsas elecciones nacionales orquestadas por el presidente Daniel Ortega (Ortega) y la vicepresidenta Rosario Murillo (Murillo). Esta acción está dirigida a quienes están reprimiendo a los nicaragüenses por ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales”, ha informado el gobierno de EE.UU.
En este sentido las autoridades norteamericanas han argumentado que entre octubre de 2020 y junio de 2021, la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por Ortega y Murillo, aprobó seis leyes que facilitaron la represión del gobierno contra la oposición y eliminaron sus posibilidades en las elecciones de noviembre de 2021, a su vez el gobierno ha ocupado sistemáticamente las instituciones públicas para reprimir a los ciudadanos disidentes a Ortega.
“El injusto encarcelamiento de casi 40 figuras de la oposición desde mayo, incluidos siete posibles candidatos presidenciales, y el bloqueo de la participación de los partidos políticos manipularon el resultado mucho antes del día de las elecciones”, ha especificado.
Entre los sancionados figuran el ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell Castrillo; el superintendente de Bancos e Instituciones financieras, Luis Angel Montenegro Espinoza; y el viceministro de Finanzas y Crédito Público, Adrián Chavarría Montenegro.
De la misma forma el Reino Unido ha informado que sancionará a ocho altos cargos del gobierno nicaragüense. Las sanciones involucran que estas personas no puedan viajar libremente al Reino Unido, canalizar dinero a través de bancos o beneficiarse de la economía del Reino Unido.
Entre los acusados se cuenta a la Vicepresidenta y Primera Dama de Nicaragua, Rosario Murillo, quien es indicada por su participación en la represión estatal de manifestaciones y la exclusión de candidatos de la oposición de las elecciones.
De la misma forma son apuntados con el dedo el Fiscal General y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quienes, a juicio de los británicos, han violado el Estado de Derecho del país, al tiempo de restringir el acceso a juicios libres y justos contra opositores al régimen de Daniel Ortega.
A estos personeros públicos se suma un alto comisionado de la Policía Nacional de Nicaragua por su participación en el proceso de hostigamiento a manifestantes durante las protestas de 2018.
“Estas sanciones imponen prohibiciones de viaje y congelamiento de activos a los particularmente responsables de socavar los principios e instituciones democráticos de Nicaragua, la comisión de graves violaciones de derechos humanos y la represión de la sociedad civil”, ha especificado el Reino Unido.
