España: Congreso cesa al diputado de Podemos Alberto Rodríguez condenado por patear a un policía

La cuestionada Ione Belarra, secretaria general de Podemos y actual ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España, acusó de "prevaricación" a la presidenta del Congreso y al Tribunal Supremo por retirarle el escaño a Alberto Rodríguez tras ser condenado a prisión por patear a un policía

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El diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez Rodríguez (El rastas) condenado - Foto Congreso

La presidenta del Congreso de los Diputados de España, Meritxell Batet, del PSOE, ha comunicado al parlamentario de la formación ultraizquierdista Podemos, Alberto Rodríguez, (a) “El rastas”, el oficio del presidente del Tribunal Supremo por el que se da traslado de la sentencia de la Sala Segunda, que comporta la “pérdida de su condición de diputado”, luego de ser condenado por patear a un policía en una manifestación.

Según informa OK Diario, la decisión de Batet se ha producido horas después de que el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, le replicara en una carta que no cabía error alguno en la sentencia condenatoria del diputado Alberto Rodríguez, y en la que le señalaba que la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo es una pena accesoria “obligada”.

La cuestionada Ione Belarra, secretaria general de Podemos y actual ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España, acusó de “prevaricación” a la presidenta del Congreso y al Tribunal Supremo por retirarle el escaño a Alberto Rodríguez tras ser condenado a prisión por patear a un policía y, por tanto, inhabilitado para el cargo.

Ione Belarra cree que Podemos está por encima de las leyes

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha mostrado su rechazo a las apreciaciones de Belarra y en un comunicado señala que las acusaciones de la integrante de Podemos “con mayor rotundidad que en otras ocasiones”, ya que la ministra atribuye “la comisión de un delito a sus magistrados”, una aseveración que “excede absolutamente los límites del derecho a la libertad de expresión”.

“Máxime cuando quien realiza esas manifestaciones es un miembro del Poder Ejecutivo, lo que sitúa las relaciones entre dos poderes del Estado en un plano completamente indeseable”, dice el comunicado del Poder Judicial.