La organización Human Rights Watch (HRW) ha denunciado que el gobierno de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega acusa a sus detractores de cometer delitos graves sin aportar pruebas que fundamenten los cargos, desatando una verdadera persecución política a la oposición de cara a las próximas elecciones presidenciales de próximo 07 de noviembre.
En este sentido el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco ha explicado que muchos de los detenidos han sido sometidos a agotadores interrogatorios y se encuentran incomunicados y en condiciones abusivas de detención, incluyendo aislamiento prolongado y alimentación insuficiente.
“La velocidad con la cual el gobierno de Ortega ha llevado a cabo esta ola de detenciones antes de las elecciones presidenciales de noviembre, sometiendo a sus críticos a condiciones horrorosas de detención, y acusándolos de delitos sin ninguna base ni debido proceso, revela que Ortega no tiene la más mínima intención de perder los próximos comicios”, ha dicho.
Ante esto ha especificado que la ola de detenciones ha comenzado, especialmente, desde fines del mes de mayo, cuando las autoridades han emprendido una verdadera cacería en contra de 36 personas críticas al régimen, de forma de deshabilitarlos jurídicamente para que participen de forma activa en las próximas elecciones y facilitar la reelección del Presidente Ortega para un cuarto mandato consecutivo en noviembre.
“La policía arrestó a siete candidatos presidenciales opositores y a 29 críticos del gobierno, entre ellos opositores políticos, periodistas, defensores de derechos humanos, estudiantes y líderes comunitarios y del sector privado”, ha señalado.
Ante esto ha especificado que el Ministerio Público, cercano a Ortega, establece diversos cargos que van desde “lavado de dinero” hasta, con mayor frecuencia, “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”. La policía se ha basado en una ley reciente que prohíbe a los denominados “traidores a la Patria” —un término que se define de manera sumamente imprecisa— postularse para cargos públicos o ejercerlo.
Las autoridades nicaragüenses han iniciado investigaciones contra la mayoría de ellos por presuntamente “pedir intervenciones militares”, “organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”, “demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos” e “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”.
