El ministro de Defensa Nacional de Uruguay, Javier García, dijo, días atrás, que debería efectivizarse una reparación económica para las familias de las víctimas asesinadas por el Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros, de la misma forma que se reparó a las víctimas del terrorismo de Estado, en su momento.
El ministro García dijo en el programa Primera Mañana (El Espectador), que como legislador acompañó y votó la reparación para víctimas de la dictadura (1973-1985). “Es hacerse cargo por parte del Estado de las circunstancias que se habían vivido”.
“Hubo víctimas, es un momento negro de nuestra historia. Sectores protagonistas que estuvieron enfrentados. Hubo víctimas de la guerrilla y los grupos armados. Creo que corresponde la reparación económica, para las familias, no importa si es civil o militar, de quienes fueron víctimas de la guerrilla”, señaló el titular de Defensa.
Por su parte, el partido Cabildo Abierto, en diciembre del año pasado presentó ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores su proyecto de “Reparación a víctimas de actos cometidos por grupos armados de carácter ideológico en el período comprendido entre el 1° de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976”. El documento de 191 páginas lleva como subtítulo: “El Estado asume la responsabilidad”.
El senador Guido Manini Ríos señaló que su partido, Cabildo Abierto, presentó en 2020 un proyecto de ley para otorgar una reparación económica a las familias de las víctimas de la guerrilla. “Esperemos que de una vez por todas el proyecto se apruebe”, escribió en Twitter.
Una reparación a ex presos políticos con visión sesgada
En 2006, durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, se otorgaron pensiones o jubilaciones a las víctimas del terrorismo de Estado. En 2020, pocos días antes de dejar su último mandato, Vázquez hizo que estas pensiones se trasladaran en un 100% a cónyuges o concubinos, e hijos menores o discapacitados, según explica un artículo del diario El País.
Pero lamentablemente, el expresidente Vázquez, no miró hacía el otro lado, ni él ni los legisladores del Frente Amplio, tuvieron en cuenta a las víctimas de la guerrilla tupamara, que asesinó a personas inocentes durante su accionar criminal durante años de gobiernos democráticos, previos a la dictadura militar ( 27 de junio de 1973 – 1 de marzo de 1985).
¿Es lógico que quienes asesinaron a inocentes hoy reciban una pensión de reparación y las víctimas nada?. Como ejemplo vale citar tan sólo unos pocos casos – entre varios – la ejecución por parte de los tupamaros de Juan Andrés Bentancur, sereno de la fábrica Niboplast, asesinado al dar aviso a la policía de que los terroristas estaban robando en dicha empresa. – 22/06/71.
El homicidio premeditado en plena democracia del peón rural Pascasio Báez ( 21 de diciembre de 1971), quien buscando en un campo un caballo perdido, se encontró de casualidad con un escondite de los tupamaros, que lo detuvieron durante dos meses para luego ejecutarlo con una inyección de pentotal. El ex guerrillero tupamaro Jorge Zabalza, consideró este crimen, “un delito de guerra contra un ciudadano totalmente ajeno a la confrontación que se desarrollaba en el Uruguay”.
Dr. Julio Federico Morato Manara, asesinado por los sediciosos en su domicilio para robarle material quirúrgico. El eminente y reconocido científico se resistió al ataque de los tupamaros y se trabó en lucha con los terroristas quienes le dispararon a quemarropa sin ningún reparo. Murió en el lugar – 04/05/72
Vicente Oroza, chofer de Cutcsa, asesinado por un tupamaro – plenamente identificado – en el Cerro de Montevideo, por negarse a atropellar con el ómnibus a un grupo de las fuerzas conjuntas que realizaba un control callejero, también en años de democracia. Hirieron a un soldado que subió al vehículo y Oroza intentó protegerlo y para ello les abrió la puerta trasera del transporte público para que pudieran escapar, pero el tupamaro, que además era su vecino del barrio, lo ultimó con varios balazos. 28 de junio de 1972.
Pero estos son sólo algunos de los casos de víctimas de la guerrilla y de algún partido político de izquierda, que hasta el día de hoy no tienen reparación. La larga lista de asesinados comienza en las décadas de los años cincuenta y sesenta. (Ver: http://verdaduruguay.orgfree.com/)
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mira para otro lado
Resulta inexplicable y vergonzosa la actitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha demostrado una miopía atroz, al ver en forma sesgada la realidad de Uruguay.
En mayo de 2019, el informativo Subrayado deba cuenta de que “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló este miércoles que el Estado uruguayo tiene una “deuda” con las víctimas de la dictadura que gobernó el país de 1973 a 1985, luego de una visita de trabajo de tres días a Uruguay”.
La nota agregaba que “Existe una “deuda del Estado en materia de derechos humanos”, a pesar de la adopción de algunas medidas como la creación de una fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad, señalaron la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena, y la vicepresidenta del organismo, Antonia Urrejola, en rueda de prensa en Montevideo”.
Las dos representantes de la CIDH manifestaron su preocupación por “interpretaciones judiciales que niegan la imprescriptibilidad” de delitos de lesa humanidad cometidos bajo el régimen de facto y sugirieron “ajustar” la legislación local para dar “reparación” a las víctimas.
“Los familiares de las víctimas se están muriendo”, remarcó Urrejola en referencia a los parientes de personas desaparecidas por las fuerzas de seguridad en Uruguay.
Pero vergonzosamente, la CIDH, no habló de las víctimas de la guerrilla; las ignoró. No pidieron reparaciones para los familiares de quienes padecieron el brutal ataque de los subversivos.
Para la CIDH, sólo se mueren los familiares de los desaparecidos. Para esta Comisión Interamericana, las familias de quienes fueron víctimas de los tupamaros, serían inmortales y no valdría la pena preocuparse por ellas.
Toda una vergüenza. Las víctimas de la guerrilla padecieron dos golpes; uno cuando les mataron a sus seres queridos y otro cuando se reconoce con una pensión a quienes los asesinaron, mientras esperan que algún día les llegue una reparación y la CIDH calla.
