La incertidumbre se cierne sobre Perú si el ultraizquierdista Pedro Castillo gana la presidencia del país andino, porque más allá de su ideas políticas, tiene encima a su jefe y mentor, el ex gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, presidente del partido Perú Libre, que fue condenado por la Justicia peruana en varias oportunidades por hechos de corrupción.
Delitos y casos de corrupción
A Vladimir Cerrón, médico de profesión y presidente de Perú Libre, partido que postula a Pedro Castillo, se le acusó y condenó por varios casos de corrupción y delitos penales en su mandato como gobernador regional de Junín, entre ellos se destacan:
Caso del Hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo
En la ejecución de la obra “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo” el Gobierno Regional de Junín estando de titular Vladimir Cerrón se vio implicado cuando se observó la existencia de indicios sobre la presunta comisión del delito sobre falsificación de documentos presentados por las empresas contratadas para ganar la buena pro en mayo de 2013.
Caso La Oroya
El 5 de agosto de 2019 el Gobernador de Junín, Vladimir Cerrón y el alcalde de Huancayo, Henry López Cantorín, fueron condenados a 4 años y 8 meses de prisión efectiva por los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento de sus cargos por el caso del saneamiento de La Oroya durante su gestión entre el 2011 y 2014. La sentencia fue dictada por el quinto juzgado anticorrupción de la Corte Superior de Justicia de Junín hallándoseles culpables de generar el pago de valorización indebida en una obra de saneamiento en Yauli, La Oroya. Adicionalmente se le condenó al pago de 850 mil soles como reparación civil y se ordenó su captura para su internamiento en el Centro Penitenciario de Huancayo.
Tras ser conocido el dictamen judicial, agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron hasta el domicilio de Cerrón para su detención; sin embargo, no lo ubicaron.
El 21 de agosto, un día después de ser suspendido de sus funciones, se entregó voluntariamente a las autoridades de Junín.
El 18 de octubre, la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Junín ordenó la variación de su pena de prisión efectiva a prisión suspendida. Asimismo, redujo la sanción penal de 4 años y 8 meses a 3 años y 9 meses.
