MONTEVIDEO (Sputnik) — La extensión por 50 años en la concesión a la empresa belga Katoen Natie para operar en el puerto de Montevideo pone en jaque al comercio exterior de Uruguay porque crea un monopolio, dijo a Sputnik el gerente general del operador Montecon, Juan Olascoaga.
Katoen Natie es la principal accionista de Terminal Cuenca del Plata (TPC) con el 80%, el 20% restante pertenece a la estatal Administración Nacional de Puertos (ANP).
TCP y Montecon, de capitales chilenos y canadienses, se dedican a la operación y almacenaje de contenedores en el puerto de Montevideo, la primera opera en una modalidad de terminal especializada y la segunda como operador portuario.
Acuerdo
El 25 de febrero pasado, el Gobierno y Katoen Natie llegaron a un acuerdo por el cual la compañía dio marcha atrás a iniciar un juicio al Estado por 1.500 millones de dólares y accedió a invertir 450 millones de dólares en el puerto de Montevideo, informó el jueves el Ministerio de Transporte en un comunicado.
A cambio, el Ejecutivo extendió la concesión de la terminal especializada en contenedores a TCP por un período de 50 años.
La anterior concesión comenzó en 2001 y vence en 2031.
El ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, dijo en la Comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado que el Gobierno no dio “nada a cambio” en el acuerdo, “salvo decir que se va a aplicar la Ley de Puertos y el decreto que la reglamentó, que era lo que no se venía cumpliendo”, consigna el diario local El País.
El senador oficialista Jorge Gandini, del gobernante Partido Nacional (centroderecha), dijo que la demanda iniciada por Katoen Natie “viene por los incumplimientos del Estado en los años anteriores”, difundió el periódico.
Antes del acuerdo, Katoen Natie pensaba reclamar violaciones del tratado de protección de inversiones entre Bégica-Luxemburgo y Uruguay.
El operador Montecon del puerto de Montevideo entiende que la firma de un acuerdo entre el Gobierno y la empresa belga Katoen Natie afecta su actividad, por lo que no descarta iniciar un juicio al Estado, informó a Sputnik el gerente general de la compañía, Juan Olascoaga.
TCP y Montecon se dedican a la operación y almacenaje de contenedores en el puerto de Montevideo, la primera en una modalidad de terminal especializada y la segunda como operador portuario.
Montecon, de capitales chilenos y canadienses, opera en el puerto desde el 2000 y contribuye “con más de 100 millones de dólares a la ANP, con un promedio de 14 millones de dólares anuales en concepto de uso de áreas y demás”, afirmó el gerente general de la compañía.
Atraque
La empresa Montecon entiende que la principal razón por la que se vería afectada por el acuerdo, que firmó el Gobierno con Katoen Natie el 25 de febrero pasado, es la prioridad de atraque que tendrá la empresa belga, indicó Olascoaga.
En el acuerdo, afirmó Olascoaga, se modificó el reglamento de atraque “otorgándole un privilegio de prioridad a la terminal especializada donde de alguna manera se obliga a la compañía naviera a operar en la terminal TCP”.
Eso es una “violación flagrante a la libre competencia porque de alguna manera limita la actividad de Montecon, pero también viola el derecho de elección de las líneas navieras para operar donde quieran operar”, opinó.
El acuerdo entre Katon Natie y el Gobierno fue a cambio de que la empresa dejara sin efecto un juicio contra el Ejecutivo por 1.500 millones de dólares y la inversión de 450 millones de dólares en el puerto, informó el jueves el Ministerio de Transporte en un comunicado.
Por su parte, el Ejecutivo extiende la concesión de la terminal especializada en contenedores a TCP por 50 años.
La anterior concesión a TCP comenzó en 2001 y vencía en 2031.
Menos de un año para dialogar
Olascoaga informó que el jueves estuvo reunido con el director de la ANP, Juan Curbelo, quien le anunció que “las medidas de prioridad de atraque (para Katoen Natie) estarían en vigencia a partir de febrero del año que viene y que durante este año se darían tiempo y hay voluntad del Gobierno de encontrar soluciones o negociaciones”.
Montecon tiene dos accionistas extranjeros “que han invertido mucho en el país y han demostrado un gran compromiso como son Ultramar, chilena, y la empresa Atco, canadiense, que van a hacer valer sus derechos y defender los puestos de trabajo y a los clientes que han confiado” en ellos, agregó.
Aclaró que la empresa apela “primero al diálogo” con el Gobierno.
Hay acciones legales locales, explicó, que son recursos de amparo y también está la medida final que es la invocación de los tratados de protección de inversiones que el Gobierno uruguayo tiene firmado tanto con su contraparte chilena como la canadiense.
Este último argumento es el que esgrimió Katoen Natie para hacer un juicio al Estado, es decir el de las violaciones del tratado de protección de inversiones entre Bégica-Luxemburgo y Uruguay, que fue frenado por el acuerdo.
Empleo: habla el sindicato
Montecon tiene 400 empleados directos y otros 300 indirectos, ya que son personas que se desempeñan en empresas que a su vez trabajan para ese operador portuario.
Álvaro Reinaldo, coordinador de operadores y terminales del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra), dijo a esta agencia que el acuerdo entre el Gobierno y Katoen Natie incidirá en el empleo en el puerto.
El representante del Supra afirmó que en relación a esos puestos de empleo están trabajando “para poder lograr un convenio colectivo para que sea trabajo de calidad, ya que TCP en los últimos años viene precarizando el trabajo”.
Por otro lado, indicó, está “el empleo en la empresa Montecon que después de este acuerdo se va a ver terriblemente perjudicada, ya que TCP tendría una prioridad de atraque de los buques, lo que deja a los trabajadores de Montecon en una situación de incertidumbre”.
Informó que en TCP trabajan unas 370 personas directas y unas 100 indirectas aproximadamente.
Sputnik intentó hablar con autoridades de Katoen Natie, pero indicaron que la información estaba en el texto del acuerdo.
