Las campañas de los dos candidatos presidenciales en Ecuador terminaron el 8 de abril. Andrés Arauz, quien se presenta por la Unión por la Esperanza y como delfín del expresidente Rafael Correa, realizó los actos de cierre en Manabí y en Quito, mientras que Guillermo Lasso lo hizo al pie del majestuoso Río Guayas en Guayaquil.
Pero Arauz tiene un enorme contrapeso y es que su mentor, Rafael Correa, está seriamente implicado en hechos de corrupción y tiene orden de prisión preventiva por el caso del secuestro al opositor Fernando Balda, y una condena de ocho años de prisión por una causa de sobornos para financiar ilegalmente a su partido político.
El Tribunal de la Corte Nacional de Ecuador sentenció en 2020 a 8 años de pena privativa de libertad a dieciocho personas, entre ellos, Rafael Correa y Jorge Glas, expresidente y exvicepresidente de la República, respectivamente; y dos procesadas recibieron penas atenuadas. Luego de haber analizado las pruebas presentadas por Fiscalía, fueron declarados culpables del delito de cohecho, en el llamado “Caso Sobornos”.
Correa actualmente está fugado y residiendo en Bélgica y desde allí dirige la campaña de su candidato Arauz.
Las pruebas presentadas por la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, durante la audiencia de juicio, fueron determinantes para comprobar la existencia de una estructura de captación irregular de dinero, liderada por el expresidente Rafael Correa, y que facilitó la entrega y recepción de sobornos por parte de varios empresarios.
Durante su alocución, el Juez ponente señaló que las pruebas presentadas durante la audiencia permitieron probar que los sobornos entregados fueron reportados al nivel jerárquico superior de la organización, es decir a Rafael Correa y Jorge Glas, por lo que el Tribunal confirmó –más allá de cualquier duda razonable– la responsabilidad de los procesados en la estructura de corrupción investigada por Fiscalía.
Dicha estructura delictiva recaudó, en el periodo investigado, 7’575.196,09 dólares; de estos, 6´570.696,09 dólares por cruce de facturas y 1’004.500 dólares en efectivo.
Los miembros del Tribunal señalaron que, con esta resolución, quedan suspendidos los derechos políticos de todos los sentenciados por un lapso de veinticinco años, para lo cual se debe notificar al Consejo Nacional Electoral.
