ONU alerta sobre homicidio de 41 personas y el desplazamiento forzado de más de 8000 en Colombia durante 2021

En este sentido Juliette de Rivero ha especificado que la violencia se extiende a diversos sectores de la población, entre los que se cuentan mujeres niños líderes sociales y defensores de derechos humanos por lo que “hay una necesidad imperiosa de apoyar los esfuerzos de la Alcaldía de Buenaventura” para frenar estos hechos que atemorizan a la ciudadanía en base a extorciones violencia de género reclutamiento forzoso de menores y secuestros entre otros aspectos

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Juliette de Rivero y autoridades locales analizan la situación de derechos humanos en Buenaventura

La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos ha alertado sobre una serie de hechos de violencia que se ha producido en la provincia de Buenaventura, Colombia, donde se ha documentado el homicidio de 41 personas; la desaparición forzada de otras 13; y el desplazamiento forzado de más de 8000 en el transcurso de 2021.

“En Buenaventura están siendo profundamente afectados los derechos a una vida digna, a la integridad, a la libertad y a la seguridad personales, a la participación y, en general, a la posibilidad de desarrollar libremente un proyecto de vida sin violencias. Hemos podido constatar que las redes de corrupción y los grupos armados permean la economía de subsistencia de la población”, ha destacado la ONU.

Las declaraciones las ha emitido el organismo internacional en base a la  visita realizada esta semana a la región por la Representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, quien pudo recabar diversos antecedentes en esta materia proporcionadas por las víctimas.

En este sentido Juliette de Rivero ha especificado que la violencia se extiende a diversos sectores de la población, entre los que se cuentan mujeres, niños, líderes sociales y defensores de derechos humanos por lo que “hay una necesidad imperiosa de apoyar los esfuerzos de la Alcaldía de Buenaventura” para frenar estos hechos que atemorizan a la ciudadanía en base a extorciones, violencia de género, reclutamiento  forzoso de menores y secuestros, entre otros aspectos.

Es necesario “una acción concertada entre el Gobierno nacional, departamental y local, con autoridades estatales, para desmantelar las redes criminales de manera permanente”, ha dicho, agregando “solicitamos además que la Unidad Nacional de Protección (UNP) refuerce los mecanismos de protección –individuales y colectivos- y los adapte a las necesidades y particularidades del contexto regional”.