El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, sostuvo que se siente en “la obligación de compartir” lo que piensa” y de no esconder su oposición a la medida del presidente Alberto Fernández de permitir que ingresen al país extranjeros con antecedentes penales.
“Me levanto todos los días a las 5 de la mañana para dejar alma y vida en el resguardo de la seguridad de millones de bonaerenses, justo en una provincia que tiene una proyección de 1100 homicidios al año. Muchas veces percibo que la justicia y la legislación vigente no facilitan esa tarea sino que la complican innecesariamente, consagrando una distancia abismal con lo que piensa y nos exige la nuestra sociedad”.
Además, sentenció: “Todas las sociedades del mundo eligen a quiénes abrir sus puertas. En nuestro caso, la exigencia de no tener antecedentes penales para poder entrar y permanecer en el territorio nacional no pareciera ser una extravagancia ni un requisito irrazonable o descomedido”.
Lejos de rechazar el ingreso de extranjeros, Berni aseguró: “Nuestra Constitución Nacional no sólo tolera sino que promueve y alienta la inmigración extranjera. Esa ha sido la tradición histórica que nos ha convertido en un verdadero crisol de razas. Somos una sociedad tolerante, democrática, plural, diversa en términos étnicos y religiosos, amigable con el extranjero”.
Para reforzar su argumento sobre la posibilidad de que ingresen o no extranjeros con antecedentes penales al país, el ministro señaló que se trata de exigir “un requisito exiguo, elemental, referido a qué clase de personas queremos que formen parte de nuestra comunidad, de nuestra vida cotidiana, de nuestro quehacer diario”.
Tanto el presidente Alberto Fernández, como el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, pertenecen al kirchnerismo, pero en este tema parecen no estar de acuerdo.
Nota de la redacción: Por el Decreto 138/2021, publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado, el presidente Alberto Fernández dio de baja el Decreto 70/2017, del Gobierno anterior de Mauricio Macri que impedía el ingreso al país de extranjeros con antecedentes penales, al tiempo que agilizaba también los trámites vinculados para las expulsiones del país.
