La Justicia argentina parece no ser independiente y en ciertos sectores predomina la política antes que la jurisprudencia y algunos magistrados y fiscales no ocultan su pertenencia al kirchnerismo.
La Comisión de Acuerdos del Senado argentino realizará el 21 de diciembre una audiencia pública para evaluar el pliego del juez federal Alejo Ramos Padilla, propuesto por el Poder Ejecutivo para ocupar el estratégico Juzgado Federal 1 de La Plata.
La comisión del Senado que encabeza la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, se reunirá bajo modalidad remota a partir de las 9:30 para evaluar a una extensa lista de candidatos a cargos judiciales, entre los que se destaca el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, cuyo nombramiento es resistido por la oposición.
El complicado sistema judicial de Argentina, muchas veces cuestionado- entre otras cosas- porque varios de sus jueces y fiscales hacen ostentación pública de sus preferencias políticas sin el mínimo recato.
Allí está el colectivo “Justicia Legítima”, integrado por magistrados y fiscales afines al kirchnerismo que dejan muchas dudas a la hora de acusar o fallar en alguna causa por sus claras definiciones políticas.
Alejo Ramos Padilla no oculta su militancia política. Cercano a “La Cámpora”, una agrupación ultrakirchnerista, dirigida por Máximo Kirchner, el cuestionado hijo de los exmandatarios Néstor y Cristina. A esto se suma que el juez, integra la asociación Justicia Legítima, afín al gobierno anterior.
No tiene problemas en ir a las marchas de Justicia Legítima y está acusado de ser quien intentó paralizar el juicio en contra del empresario kirchnerista Lázaro Báez.
