Enormes críticas genera en España la aprobación por parte del Gobierno de coalición del PSOE y Podemos de un procedimiento de actuación contra informaciones que podrían ser consideradas como fake news. La orden ya fue publicada en el Boletín Oficial del Estado y firmada por el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que dirige la primera vicepresidenta Carmen Calvo.
A través de esto el Gobierno español monitorizará la información y podrá solicitar colaboración a los medios de comunicación para perseguir la “difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios”.
Ante esto. las organizaciones que nuclean a periodistas y medios de prensa han criticado al Gobierno de Sánchez. La Asociación de Medios de Información (AMI) entiende que en el ordenamiento jurídico español son los tribunales quienes deben establecer los límites del derecho de información y señaló en un comunicado:
La Asociación de Medios de Información (AMI) ha mostrado hoy su “profunda preocupación” por la publicación por parte del Ministerio de Presidencia de la Orden PCM/1030/2020, de 30 de octubre, por la que se crea el Procedimiento de actuación contra la desinformación, aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional.
En opinión de los principales editores de noticias de España, este procedimiento podría suponer en la práctica una vulneración del espíritu del artículo 20 de la Constitución, que establece el “derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”. Establecer niveles de activación que podrían llegar a la “toma de decisiones y coordinación a nivel político en el marco del sistema de seguridad nacional”, como indica la publicación en el Boletín Oficial del Estado, podrían conllevar la asunción de facultades que solo corresponden al poder judicial.
Por su parte a Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), expresa:
La FAPE insta al Gobierno a que aclare cuanto antes las funciones y cometidos que tendrá el recién creado Comité para la lucha contra la desinformación. La disposición publicada en el BOE deja en el aire varios aspectos importantes que nos suscitan una profunda preocupación por las eventuales consecuencias que pueda acarrear al libre ejercicio del periodismo.
Ante el riesgo de que el susodicho Comité pueda entrar en valoraciones que afecten a la libertad de información, la FAPE recuerda al Gobierno que son los periodistas y los medios los que, bajo el amparo del artículo 20 de la Constitución, deciden qué es y qué no es noticia y qué es lo que se publica o no. Un comité, y mucho menos uno gubernamental, nunca podrá decidir sobre la libertad editorial de un medio. El Gobierno tendría que aclarar cómo va a contrarrestar las campañas de desinformación y qué medidas adoptará para ello. Los periodistas somos los primeros interesados en combatir la desinformación, especialmente porque nuestro prestigio y credibilidad se fundamentan en la difusión de información veraz, pero entendemos que ese combate debe efectuarse en el marco de la ley. Si un medio o un periodista incumplen la ley, para sancionarlos están los tribunales.
